El Tribunal Supremo de Brasil ha imputado a Jair Bolsonaro y a siete de sus excolaboradores por los delitos de rebelión e intento de golpe de Estado, en el marco de la investigación sobre los ataques ocurridos en Brasilia en el 8 de enero de 2023.
La decisión, tomada por unanimidad, sigue la denuncia presentada por la Fiscalía, que acusa a los implicados de organizar y fomentar las acciones que derivaron en la invasión de las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto. Entre los imputados figuran los exministros Anderson Torres, Walter Braga Netto y Paulo Nogueira, el exjefe de Gabinete de Seguridad Augusto Heleno Ribeiro y el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos.
El juez Alexandre de Moraes, relator del caso, afirmó que existen “pruebas razonables” que vinculan a Bolsonaro con la planificación de los hechos y aseguró que el expresidente “conocía, manejaba y discutía el borrador” de un documento que contemplaba medidas para desconocer el resultado de las elecciones de 2022.
Otros magistrados, como Cármen Lúcia Antunes, destacaron la necesidad de esclarecer los hechos, subrayando que “no se puede permitir que la democracia sea amenazada sin consecuencias”. La Fiscalía sostiene que los imputados eran el “núcleo crucial” de la trama y ha señalado la existencia del plan denominado “Puñal verde y amarillo”, que supuestamente incluía el asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el propio De Moraes.
Bolsonaro, quien siguió la sesión por videoconferencia, rechazó los cargos y calificó el proceso como “una persecución política”. En declaraciones a la prensa, se comparó con la opositora venezolana María Corina Machado y criticó la rapidez del tribunal en imputarlo.
La Fiscalía ha advertido que las penas por los delitos imputados podrían alcanzar los 40 años de prisión, mientras que el Partido de los Trabajadores (PT) celebró la decisión como “un paso clave en la defensa del Estado democrático de derecho”.
