Los trabajadores del servicio de atención telefónica del 112 en Andalucía, que actualmente están contratados por la empresa privada Ilunion Emergencias, han iniciado varias convocatorias de huelga para exigir la integración del personal en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112), recientemente creada.
Desde el 21 de marzo, CCOO y CSIF han convocado una huelga parcial de una hora al final de cada turno durante los fines de semana, mientras que CGT ha programado un paro total para la Semana Santa, del 12 al 19 de abril. Los sindicatos reclaman que, tras más de 20 años de externalización del servicio, el personal que atiende las emergencias telefónicas sea integrado como trabajador público en el sistema de emergencias de la Junta de Andalucía.
El servicio telefónico de emergencias 112 en Andalucía, gestionado por Ilunion Emergencias desde 2001, se ha mantenido externalizado a pesar de que el Consejo Económico y Social de la Junta recomendó su integración en el sistema público.
La empresa, parte del Grupo Social ONCE, recibe más de 50 millones de euros por cada ciclo de tres años de concesión. Según denuncian los sindicatos, los trabajadores, que atienden situaciones de emergencia como accidentes o incendios, “están sometidos a condiciones laborales precarias”, con un convenio de teleoperadores que, de acuerdo con las centrales, “no refleja las particularidades del servicio”. Los paros también se fijan como objetivo mejorar las condiciones laborales de los operadores, que hoy por hoy denuncian falta de formación adecuada y el incumplimiento de los pliegos de la concesión en aspectos clave.
La Junta de Andalucía, actualmente gobernada por el Partido Popular e históricamente por el PSOE, ha rechazado sistemáticamente la integración del servicio, alegando “dificultades jurídicas” y “la falta de una figura administrativa que contemple el cargo de teleoperador”.
Sin embargo, el rechazo a la propuesta va en contra de compromisos previos que habían sido apoyados incluso por el PP en la oposición. Los diferentes gobiernos andaluces han defendido de facto la gestión privada, basándose en la supuesta “mayor eficiencia” de los servicios externalizados, mientras los sindicatos y expertos advierten sobre el riesgo de mantener este servicio esencial en manos de empresas.
Según el informe anual del 112, en 2023 el servicio atendió más de 4 millones de incidencias, lo que subraya las dimensiones sociales y humanas que podría implicar cualquier error en su gestión.
