“No podía salir sin que lo supiera”: investigan accesos ilegales al sistema VioGén por parte de policías en Granada

Procesan al subinspector maltratador y sus compañeros por el acceso no autorizado a los datos de una víctima de violencia machista.

Imagen de archivo de policías locales.
Foto: Mundopositor

M. ha denunciado que su exmarido, subinspector de la Policía Local de Granada denunciado por violencia machista, y otros cinco agentes de la misma institución que accedieron de forma ilegal a su expediente en el sistema VioGén. Este sistema se utiliza, supuestamente, “para proteger a las víctimas de violencia de género”.

Sin embargo, las primeras pesquisas de la Guardia Civil concluyen que los agentes habrían consultado los datos de M. y sus hijas en al menos 48 ocasiones. Según declaraciones recogidas por eldiario.es Andalucía, M. percibió que el policía agresor conocía detalles de su vida diaria, como su ubicación exacta, lo que generó una creciente preocupación por su seguridad. “No podía salir sin que lo supiera”, declara la víctima, quien ya ha presentado una denuncia que ha derivado en la apertura de una investigación judicial.

El caso ha suscitado críticas hacia el Ayuntamiento de Granada, ya que la víctima ha señalado directamente a las autoridades locales: no han tomado medidas efectivas a pesar de las denuncias. La mujer ha asegurado que envió varios escritos a la alcaldesa, Marifrán Carazo, y a la concejal de Protección Ciudadana, Ana Isabel Agudo, sin obtener respuesta.

El subinspector maltratador sigue ejerciendo en la Policía Local de la ciudad andaluza, a pesar de contar con medidas cautelares como la pulsera telemática, que según M., ha sido retirada por él mismo en más de una ocasión. La policía le había prohibido, en teoría, “acercarse a la mujer a menos de 500 metros”, tras una denuncia por violencia machista en 2023.

Además, el mismo agente está siendo investigado por su presunta implicación en el amaño de oposiciones dentro de la Policía Local de Granada, en un caso que también involucra al mismísimo jefe de la fuerza policial, quien renunció tras la filtración de audios comprometedores.

M. ha señalado que la falta de medidas efectivas y la lentitud en el proceso judicial han mantenido a su familia en una situación de riesgo constante. “Nos dicen que estamos protegidas, pero la realidad es que pueden encontrarnos cuando quieran”, señala la víctima, quien sigue esperando que se celebre el juicio en el que se solicita una pena de diez años de cárcel para el subinspector maltratador.