Dos "muertes", más de 600 heridos graves, inyecciones intravenosas para volver a la línea de producción y jornadas de más de 80 horas semanales, con multas inferiores a 120.000 dólares para la empresa.
En 2025, la DGT recaudó 540 millones con una multa cada cinco segundos, gracias a sus 9.000 agentes; con cifras similares de mortalidad, solo hay 2.051 inspectores de trabajo.
El año pasado, al menos 31 trabajadores murieron por este mismo motivo en la CAV; no existen datos fiables a nivel del Estado, aunque se calculan hasta 5.000 al año.
El Ministerio de Trabajo registra un aumento del 10,7% en las muertes de asalariados durante la jornada laboral; el sector servicios acumula el mayor número de víctimas.
El acoso registrado se cifra en el 23%, mientras el 35% de los trabajadores del mundo realiza jornadas semanales superiores a 48 horas: una sangría humana equivalente al 1,37% del PIB mundial.
La mortalidad laboral registrada crece un 6,12% internual hasta una media de dos muertes diarias; trabajadores migrantes de Ecuador, Colombia, Marruecos y Senegal casi duplican la siniestralidad media.
Indemnización para la familia de un calderero fallecido por cáncer pleural tras años de desprotección y falta de medidas de seguridad en la empresa, que vulneró incluso la legislación franquista.
Casi un millar de víctimas por derrumbes en minas de coltán controladas por el M23 desde enero, donde la extracción para la industria tecnológica se realiza sin medidas de seguridad y con trabajo infantil.
