El Gobierno destina 4,4 veces más a multar en tráfico que a inspección laboral
En 2025, la DGT recaudó 540 millones con una multa cada cinco segundos, gracias a sus 9.000 agentes; con cifras similares de mortalidad, solo hay 2.051 inspectores de trabajo.
El balance provisional de siniestralidad laboral de 2025, publicado este pasado mes de febrero de 2026 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, revela que un total de 735 trabajadores "murieron" en el Estado español en accidentes ocurridos durante su jornada laboral o en trayectos in itinere. Estos datos oficiales han reavivado las críticas de diversos sectores jurídicos y sindicales, entre ellos CGT-LKN de Nafarroa, respecto al bajo coste económico que supone para el tejido empresarial el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). En la actualidad, cuando la negligencia de una empresa deriva en la muerte de un operario, la sanción administrativa máxima que suele asumir el empresario se sitúa en torno a los 30.000 euros, una cuantía que los expertos consideran "irrisoria" y "carente de un verdadero impacto disuasorio para asegurar la integridad de las plantillas".
Esta laxitud punitiva y la falta de recursos en el ámbito de la inspección laboral contrastan de forma notable con el despliegue policial y la capacidad recaudadora destinados a la seguridad vial en todo el territorio estatal. La Dirección General de Tráfico (DGT) cerró el ejercicio de 2025 con unos ingresos superiores a los 540 millones de euros, una cifra histórica impulsada por un ritmo sancionador constante con una multa cada cinco segundos. Para garantizar este nivel de vigilancia, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil cuenta de forma permanente con unos 9.000 agentes desplegados en las carreteras, una inversión material y humana que sostiene una tendencia a la baja en la mortalidad vial desde hace años, ya que en 2025 se registraron 1.119 muertes por accidentes en vías interurbanas, 35 menos que en 2024, un 3% menos. De esas 1.119, 151 fueron durante la jornada laboral, por lo que la cifra de muertes de tráfico excluyendo las muertes laborales sería de 968.
Por el contrario, la supervisión de las condiciones de seguridad en el entorno laboral presenta un panorama de precariedad de recursos humanos que impide replicar este modelo de éxito en la seguridad y reducción de la mortalidad en las empresas, a pesar de registrarse una cifra de "muertes" anuales equiparable a la de las carreteras. En 2025 se contabilizaron 735 "fallecidos" en accidentes laborales para lo que en todo el Estado, existen únicamente 1.000 inspectores de Trabajo y Seguridad Social, complementados por 1.051 subinspectores laborales, lo que deja la vigilancia de millones de centros productivos en manos de poco más de dos mil profesionales. Diversos analistas señalan que si las administraciones públicas priorizasen la detección de las infracciones laborales con el mismo empeño y volumen de medios que se aplica en la red de carreteras, se lograría reducir drásticamente el número de accidentes graves que concluyen en fallecimientos, incapacidades permanentes o secuelas físicas severas para los trabajadores.
