Medios privados y la opinión publicada
Una ley llena de vacíos regula un gasto público récord de más de 2.700 millones repartidos entre la opacidad y la concentración en los grandes grupos.
El régimen por el que el dinero público llega a los medios privados descansa todavía sobre la Ley 29/2005, cuyo alcance lo acota la propia norma. Su artículo 1 la circunscribe a las campañas institucionales promovidas o contratadas por la Administración General del Estado y por las entidades del sector público estatal enumeradas en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, y en su apartado segundo excluye expresamente de su aplicación las campañas de carácter industrial, comercial o mercantil que esos mismos sujetos desarrollen en cumplimiento de sus fines propios, de manera que la publicidad comercial de las sociedades y entidades públicas queda fuera de la ley que regula el reparto; el propio Plan de Publicidad y Comunicación Institucional para 2025 cifró la inversión publicitaria total prevista por la Administración General del Estado, campañas institucionales más comerciales, en 270,74 millones de euros, frente a los 161,16 millones planificados para las institucionales, es decir, alrededor de 110 millones anuales situados por definición fuera del perímetro normativo.
El artículo 8 ordena adjudicar los contratos respetando los principios de publicidad y concurrencia y atendiendo a criterios objetivos como el coste económico y la eficacia prevista del plan de medios, sin mencionar el pluralismo, la audiencia acreditada, la proporcionalidad ni la no discriminación, y la ley carece de régimen sancionador. A ello se añade que la disposición final segunda otorga carácter de legislación básica únicamente al artículo 4, el de las prohibiciones de contenido, por lo que las obligaciones de planificación, informe anual y publicidad de los artículos 12 a 14 no vinculan ni a las comunidades autónomas ni a los 8.131 municipios.
El Informe de Publicidad y Comunicación Institucional 2025, aprobado en Consejo de Ministros en junio de 2026, recoge una inversión ejecutada de 88,07 millones de euros, un 25,06% más que los 70,43 millones de 2024, repartidos en 120 campañas frente a las 108 del año anterior, alrededor del 55% de los 161,2 millones inicialmente previstos. De esa cantidad, 75,5 millones se destinaron a la compra de medios y unos 12 a producción y creatividad, y la partida más elevada fue la de digital, con 20,85 millones, el 27,60% del total. El informe fue el primero en incorporar un desglose por empresas, exigido por el reglamento europeo de libertad de los medios, y el principal receptor resultó el Grupo Prisa, con 12,17 millones de euros, el 16,6% de toda la inversión, de modo que Prisa, Atresmedia y Mediaset concentraron más de un tercio de los 88 millones. Por ministerios anunciantes, Igualdad encabezó el gasto con 11.885.646 euros, el 13,49%, seguido de Cultura con 8.028.015 euros, el 9,11%, y de Agricultura, Pesca y Alimentación con 7.973.161 euros, el 9,05%, y el departamento de Cultura asignó más del 79% de sus partidas de radio a las emisoras del Grupo Prisa. En el extremo opuesto, El Español percibió unos 340.000 euros, el 0,47% del total, y Titania, editora de El Confidencial, 117.000 euros.
Sumando otros factores, según la quinta edición del estudio «Radiografía del Mayor Anunciante del País: La Administración Pública», elaborado por la Asociación de Empresas de la Comunicación, en 2025 las administraciones convocaron 4.303 concursos de publicidad y comunicación por un presupuesto conjunto de 2.722 millones de euros, frente a los 1.412 millones de 2021, lo que equivale a 55,4 euros por habitante y año, casi diecisiete más que en 2024. Por tipo de administración, las comunidades autónomas concentraron 995 millones con solo 245 concursos, el 36,5% del presupuesto; las empresas públicas, 940 millones y 1.543 concursos, el 34,5%; los ayuntamientos, 630 millones y 2.003 concursos, el 23%; y la Administración central, 42,4 millones en 144 concursos, el 1,6%, al canalizar la mayor parte de su gasto por acuerdos marco.
El concurso individual de mayor cuantía fue precisamente uno de ellos, el acuerdo marco de servicios de gestión e inserción de publicidad institucional de la Generalitat de Catalunya, dotado con 220 millones de euros; por territorios, Catalunya alcanzó 767 millones, Madrid 452 y Andalucía 422, y el gasto por habitante osciló entre los 125 euros de La Rioja y los 5,9 de Aragón. El bloque de mayor volumen relativo, el de las empresas públicas, es justamente el que el artículo 1.2 de la Ley 29/2005 deja fuera de su ámbito, y el autonómico se rige por normas dispersas aprobadas entre 2000 y 2018 sin estándar común, mientras los tribunales de cuentas autonómicos reiteran en sus informes de fiscalización la conveniencia de establecer criterios más objetivos y públicos para distribuir la publicidad institucional entre los medios de cada territorio.
Subvenciones directas
A este circuito se superpone otro, el de las subvenciones directas, regido por la Ley 38/2003 General de Subvenciones y no por la normativa de publicidad: el Plan de Ayudas para la Digitalización de los Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2024 dentro del Plan de Acción por la Democracia con una dotación de 124,5 millones de euros, del que en septiembre de 2025 se concedieron 6,49 millones a dieciocho proyectos de inteligencia artificial, a los que se sumó una convocatoria de préstamos de 19,5 millones gestionada por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica.
Por su lado, el Media Pluralism Monitor 2025 asigna al estado español un riesgo medio-alto en pluralismo mediático, con una puntuación global del 53%, y uno de los registros más elevados de la Unión en pluralidad de mercado por la concentración en radio, televisión y prensa y la opacidad sobre la propiedad real de los medios, con una concentración de audiencia superior al 75% en los tres soportes y con el estado español como único país de la Unión sin consejo audiovisual independiente, y la edición de 2026 rebajó la protección fundamental del periodismo de riesgo medio-bajo a riesgo medio-alto.
El séptimo Informe sobre el Estado de Derecho, publicado el 17 de julio de 2026, mantiene la concentración del mercado en riesgo muy alto, sitúa la independencia de los medios públicos en riesgo medio-alto y da por no resueltas las deficiencias de transparencia en la propiedad y en el reparto de la publicidad institucional del Estado, las comunidades, los ayuntamientos y el resto de administraciones.
