En un comunicado conjunto emitido el 3 de abril, los co-ministros de Defensa de Israel, Israel Katz, del partido Likud, y Bezalel Smotrich, de Sionismo Religioso, confirmaron la intención del gobierno de adquirir, colonizar y anexionar permanentemente la totalidad de Cisjordania.
Según el anuncio, este plan implica la destrucción de viviendas palestinas y de infraestructuras de asistencia humanitaria y desarrollo, como escuelas y clínicas de salud, financiadas por entidades como la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria Europea (ECHO), la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Las declaraciones fueron publicadas en las cuentas oficiales de X de ambos ministros.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó el 24 de julio de 2024 que la destrucción de propiedades y el traslado forzoso de palestinos en áreas destinadas a la expansión de asentamientos son prácticas ilícitas. El fallo de la CIJ, basado en hechos documentados, estableció que las acciones de israelíes constituyen violaciones del derecho internacional.
Sin embargo, Katz y Smotrich han reiterado su intención de seguir adelante con estas políticas, justificándolas como parte de los intereses del Estado de Israel, según el comunicado conjunto. El plan también contraviene la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU de 1974, que define actos de agresión, de acuerdo con fuentes de Naciones Unidas.
El anuncio ha generado señalamientos sobre la responsabilidad penal de Katz, Smotrich y los comandantes militares que ejecuten estas órdenes, según expertos del Tribunal Penal Internacional (TPI), que ya ha emitido órdenes de arresto pendientes contra autoridades israelíes.
La Corte Internacional de Justicia había ordenado previamente el fin de la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados, pero, según el comunicado de los ministros, el gobierno israelí mantiene su postura, y la CIJ, en cambio, no tiene poderes ejecutivos. La falta de acciones concretas por parte de otros Estados ha permitido a Israel continuar con estas políticas.
