El Ministerio del Interior del Gobierno español, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que pagar 3.367.870,24 euros desde 2019 debido a condenas judiciales. Estos pagos corresponden a los casos en los que los jueces ha dado la razón a quienes demandaron al ministerio, obligándolo a asumir los costes del juicio.
Según información entregada por el propio ministerio a los diputados del Partido Popular Ana Belén Vázquez y Fernando De Rosa, los casos más costosos han sido los relacionados con la Policía Nacional española, que han supuesto 1.637.215,08 euros, y los de la Guardia Civil, con un gasto de 903.477,19 euros. En total, entre ambos cuerpos suman 2.540.692,27 euros de dinero público gastado en costas judiciales.
Otros departamentos del ministerio también han generado gastos, aunque menores. Las condenas vinculadas a la Dirección de Seguridad y Protección Civil han costado 275.315,31 euros, los juicios sobre derecho de asilo han supuesto 236.363,09 euros, y las Instituciones Penitenciarias han tenido que pagar 285.772,84 euros. Además, la Entidad Estatal de Trabajo y Formación para el Empleo ha registrado 29.727,73 euros en costas judiciales.
Estos datos reflejan cuánto dinero ha gastado el ministerio en procesos judiciales que ha perdido. Según La Razón, la respuesta del Gobierno a la consulta del PP no explica en detalle los motivos de cada caso, sino que solo informa de las cifras pagadas en los últimos años.
El siniestro historial de Marlaska
Antes de ser ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ejerció como juez en la Audiencia Nacional española, donde tuvo a su cargo diversos casos en los que se procesaban a personas acusadas de “terrorismo”. Durante ese tiempo, varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han señalado que el Estado español no investigó adecuadamente las denuncias de torturas presentadas por personas detenidas bajo su supervisión.
Uno de los casos más conocidos es el de Martxelo Otamendi, exdirector del diario Egunkaria, quien fue torturado por la Guardia Civil en 2003 tras ser detenido en el cierre del periódico por “presunta vinculación con ETA”, acusación que fue infundada posteriormente. El TEDH condenó al Estado español en 2012 por no investigar adecuadamente esas denuncias.
Otro caso es el de Igor Portu y Mattin Sarasola, condenados por el atentado de la T-4 en Barajas, quienes sufrieron torturas durante su detención en 2008. El TEDH falló en 2018 en su favor, concluyendo que las autoridades españolas no investigaron de manera suficiente las alegaciones de tortura.
Marlaska ha negado en repetidas ocasiones cualquier implicación en estos casos y ha defendido que siempre ha actuado dentro de la legalidad. Sin embargo, que el TEDH haya fallado sistemáticamente en su contra ha generado críticas sobre su figura.
