El Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha revelado que las personas con contrato fijo discontinuo son llamadas a trabajar una media de tres veces al año. Este tipo de contratación, impulsado en el Estado español por la reforma laboral de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en 2022 como “fórmula para reducir la temporalidad”, ha experimentado un fuerte incremento en los últimos años, con 2,2 millones de contratos firmados solo en 2024. Sin embargo, la duración media de los periodos en alta ha caído un 43,91%, pasando de 117,92 días antes de la reforma a 66,14 días en 2024, según cálculos del Instituto Catalán de Estadística (Idescat).
La figura del fijo discontinuo se utiliza principalmente en sectores de alta estacionalidad como la hostelería, la agricultura y la educación, así como en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que concentran el 38% de los llamamientos, de acuerdo con el mismo informe del SEPE. En estos casos, la actividad económica concreta del puesto no queda registrada, ya que los contratos se realizan a través de intermediación.
Además, la frecuencia de reincorporación en estos casos es superior a la media del resto de sectores. La normativa actual permite la inscripción de los fijos discontinuos como demandantes de empleo durante los periodos de inactividad, aunque solo el 18,5% accede a prestaciones, según datos publicados por elEconomista.
El análisis del SEPE también indica que en 2024 se realizaron 4,28 millones de llamamientos a trabajadores fijos discontinuos, afectando a casi 1,4 millones de personas. Varias voces han denunciado uso fraudulento de esta figura, en particular por su impacto en maquillar las estadísticas de paro registrado. La reciente reforma de prestaciones aclara que negarse “sin causa justificada” a reincorporarse al puesto implica la suspensión automática de la ayuda, sin necesidad de que la empresa notifique una baja voluntaria, una medida que no incide en la estabilidad del empleo generado.
