El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves en la feria Rebuild, celebrada en IFEMA (Madrid), que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de vivienda contará con una inversión pública de 1.300 millones de euros durante los próximos diez años.
Según sus declaraciones, el objetivo es “impulsar la construcción industrializada en España con una producción media de 15.000 viviendas al año, que podría llegar a 20.000”. La inversión se canalizará a través de “distintos instrumentos financieros del Estado” y se plantea también atraer capital privado.
Sánchez ha declarado que este Perte es “una herramienta fundamental para situar a España a la vanguardia de la industrialización de la edificación” y ha sostenido que “permitirá reducir tiempos de construcción hasta en un 60%”, así como “mejorar la sostenibilidad y las condiciones laborales en el sector”.
València será el principal foco del plan, donde se ubicará una nueva “ciudad de la industrialización de la construcción” en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto, en terrenos de titularidad pública gestionados por Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo).
Sánchez ha vinculado esta decisión con “la necesidad de generar actividad económica en una zona afectada por la DANA de octubre de 2023”. Además, ha subrayado que la iniciativa “servirá para cerrar un gap con Europa”, aludiendo a que en el Estado español menos del 5% de la construcción emplea métodos industrializados, frente al 20% en países como Alemania o los Países Bajos.
Durante su intervención, el presidente ha pedido apoyo parlamentario para desbloquear la reforma de la Ley del Suelo, actualmente paralizada, al considerarla “necesaria” y contar con “el respaldo del sector”. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que este Perte permitirá “ganar velocidad” en la construcción, mejorar la calidad del empleo e incorporar más mujeres al sector, donde hoy sólo representan el 11,4%.
No obstante, el anuncio no ha sid acompañado de medidas concretas sobre control de precios o criterios sociales de adjudicación, lo que deja abierta la puerta a que estos recursos públicos beneficien prioritariamente a las grandes constructoras. Las declaraciones han sido recogidas por Europa Press el 24 de abril.
