Este lunes 28 de abril, las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid —UCM, UAM, UPM, UC3M, UAH y URJC— vivirán una jornada de huelga convocada por las plataformas docentes y estudiantiles en defensa de la educación pública.
Denuncian una “asfixia económica” derivada de la infrafinanciación estructural, que, según datos de la CRUMA y del sindicato CCOO, ha supuesto un recorte efectivo del 34,9% desde 2009 y un ingreso por estudiante un 12,3% inferior a la media estatal. Las protestas, que se extenderán al resto de etapas educativas el martes 29, responden también al deterioro de las instalaciones universitarias, con edificios antiguos, falta de calefacción o cañerías de plomo, según testimonios recogidos por El Salto Diario.
En paralelo, los colectivos universitarios alertan del empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado. Según un informe de la Confederación de STEs-I, el poder adquisitivo del personal docente ha caído un 14,5% desde 2010. A esto se suma una alta tasa de temporalidad: un tercio del profesorado en la UCM es asociado, con sueldos que rondan los 600 euros, y las nuevas contrataciones se hacen en condiciones de gran inestabilidad. “Cuando se acaba el contrato, se te acaba la posibilidad de seguir, a no ser que alguien se jubile y se reponga esa plaza, cosa que ya no está sucediendo”, afirma Luis Lloredo Alix, profesor de la UAM, en declaraciones a El Salto.
Las plataformas convocantes también se oponen frontalmente al borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), impulsada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Según CGT-UCM, la norma —elaborada “con total opacidad”, sin participación del profesorado— introduce mecanismos financieros que supeditan la financiación universitaria al mercado.
Además, su reglamento disciplinario permitiría sancionar protestas estudiantiles, lo que, según recuerda Beatriz de la Cuerda, de la UC3M, atenta directamente contra el derecho a la protesta. La movilización de este lunes se plantea como un paso más en un proceso de lucha iniciado el 23 de febrero. Las plataformas no descartan nuevos paros si no se atienden sus demandas.
