El 23 de abril, el FBI y otras agencias de la ley estadounidenses realizaron una serie de redadas en viviendas de activistas estudiantiles en Michigan, específicamente en Ann Arbor, Ypsilanti y Canton Township. Los operativos se centraron en varios organizadores vinculados a las protestas a favor de Palestina en la Universidad de Michigan.
Según denuncia el grupo Students Allied for Freedom and Equality (SAFE), los agentes incautaron dispositivos electrónicos y objetos personales de los estudiantes, mientras que cuatro individuos fueron detenidos, aunque posteriormente fueron liberados. Las redadas se desarrollaron en el marco de una investigación sobre acciones solidarias ocurridas en la región, a las cuales denominan como “vandalismo”; acciones que hasta la fecha no han derivado en cargos.
La Coalición TAHRIR, movimiento estudiantil que promueve la desinversión del Estado de Israel, denunció que durante la redada en Ypsilanti los agentes se negaron a mostrar las órdenes de registro y, además, se desconocía si los agentes de inmigración (ICE) estaban presentes en el operativo.
En declaraciones a The Detroit News, Dawud Walid, director ejecutivo del Council on American-Islamic Relations (CAIR-MI), señaló que “cuestionamos la naturaleza agresiva de estas redadas, que sigue a la reciente mala utilización del poder procesal en Michigan y en todo el país contra los activistas pro-Palestina”.
La oficina de la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, es la responsable de coordinar estas intervenciones, las cuales han levantado sospechas de ser parte de un patrón de represión contra los activistas pro-Palestina. En 2024, Nessel presentó cargos contra al menos 11 manifestantes vinculados a un campamento en la Universidad de Michigan en apoyo a Gaza, luego de presiones por parte de la junta universitaria.
A pesar de la intervención federal, Nessel no ha confirmado si las redadas están directamente relacionadas con el activismo pro-Palestina, aunque ha reconocido que la investigación está centrada en “actos de vandalismo”que suman daños materiales por aproximadamente 100.000 dólares.
Entre los lugares afectados por las acciones solidarias se encuentran las viviendas de altos funcionarios de la Universidad de Michigan, como el presidente Santa Ono y el regente Jordan Acker. La investigación sigue abierta y, hasta el momento, no se han presentado cargos contra los sospechosos. Organizaciones como Jewish Voice for Peace han condenado el uso de recursos federales en una escalada de represión contra las voces críticas hacia Estado de Israel.
