El Ministerio del Interior del Gobierno español, encabezado por Fernando Grande Marlaska, continuará con la compra de placas balísticas de “alto nivel de protección” para la Guardia Civil adjudicadas a la empresa israelí Guardian Homeland Security, a pesar de la supuesta prohibición anunciada por el Ejecutivo para las adquisiciones de material de defensa procedente de Israel.
De acuerdo con un portavoz del departamento de Fernando Grande-Marlaska, las placas “no se consideran armamento” sino “material de protección para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, por lo que “quedarían fuera del veto” anunciado por La Moncloa.
La información, publicada por El País, detalla que la licitación, iniciada en septiembre de 2024, adjudicó el suministro de 463 placas balísticas por 320.000 euros IVA incluido, tras considerarse que Guardian Homeland Security “cumplía con los requisitos técnicos y necesidades planteadas en los pliegos”.
El contrato actual se firmó el pasado 10 de abril por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, con un plazo de cinco meses para la entrega, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. Esta empresa israelí ya había resultado adjudicataria en 2020 de otro contrato para suministrar 9.216 pistolas modelo Ramon a la Guardia Civil, operación que también generó críticas internas por supuestos fallos en el armamento.
Mientras tanto, el contrato de 6,6 millones de euros para el suministro de 15 millones de balas, también adjudicado a Guardian Homeland Security, será rescindido “de forma unilateral” por el Gobierno tras las tensiones generadas en la coalición, según fuentes de Interior citadas por El País.
La decisión de mantener la compra de las placas balísticas se produce pese a que Pedro Sánchez mintió en el Congreso en abril de 2024, asegurando que “desde el 7 de octubre, España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, ninguna”.
La licitación de este material, destinada a reforzar la protección de agentes en operaciones como el Plan Especial de Seguridad 2022-2023 para el Campo de Gibraltar, se justifica con “el incremento del uso de armas de guerra por parte de organizaciones criminales y yihadistas”, según señala el propio Ministerio en la documentación pública del expediente.
