El movimiento Ansarrolá en Yemen, cuyos combatientes son popularmente conocidos como hutíes, ha derribado siete drones estadounidenses modelo Reaper, valorados en más de 200 millones de dólares, entre el 31 de marzo y el 22 de abril, según informaron fuentes del Departamento de Defensa a Associated Press.
Según Al Jazeera, tres de estos aparatos operaban misiones de vigilancia y ataque cuando fueron destruidos en la última semana, lo que según los datos disponibles, evidencia una mayor capacidad operativa de los hutíes para alcanzar aeronaves de gran altitud.
El mando militar estadounidense no ha detallado públicamente el impacto material de estas pérdidas, pero un funcionario estadounidense señaló que los incidentes están “bajo investigación” y probablemente se deban a “fuego hostil”.
En paralelo, organizaciones de monitoreo como Airwars informaron que desde el 15 de marzo, tras la orden del presidente Donald Trump de intensificar los bombardeos diarios contra Yemen, han muerto entre 27 y 55 civiles en las zonas controladas por el movimiento yemení, únicamente en el mes de marzo.
La cifra en abril sería “considerablemente más alta”, aunque aún no ha sido confirmada en su totalidad, tal y como indicó la organización. Además, se reportaron ataques como el realizado sobre el puerto de Ras Isa, en Hodeida, donde un bombardeo estadounidense mató al menos a 80 personas e hirió a más de 150, y otro posterior en Saná que dejó 12 muertos y más de 30 heridos.
Desde enero, los yemeníes han intensificado también los ataques contra embarcaciones israelíes, estadounidenses y británicas en el estrecho de Bab al-Mandeb, declarando que cesarán sus acciones si el Estado de Israel acuerda un alto el fuego permanente en Gaza.
Mientras el portavoz del Mando Central de EEUU, Dave Eastburn, afirmó que se han destruido más de “800 objetivos”, el incremento del número de víctimas civiles ha generado críticas en el Congreso estadounidense. Los senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren y Tim Kaine solicitaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que aclare si la administración está incumpliendo “su obligación de minimizar el daño a la población civil”, reporta Al Jazeera.
