El Gobierno de Jordania anunció a finales de abril la prohibición total de las actividades de la Hermandad Musulmana y la penalización de su militancia o promoción ideológica, tras la detención de 16 personas acusadas de “preparar ataques con cohetes y drones”.
El Ministerio del Interior, según declaraciones recogidas por The New Arab, fundamentó la decisión en una investigación de la Dirección General de Inteligencia que habría localizado “equipamiento militar en almacenes clandestinos en Zarqa”. Tres de los detenidos confesaron pertenecer al grupo, lo que, según las autoridades, “constituye prueba suficiente para justificar la medida”. La Hermandad negó toda implicación y se desmarcó de los arrestados, afirmando que su único objetivo era “ayudar a Gaza”.
La ruptura definitiva entre el régimen hachemita y la Hermandad culmina un proceso iniciado tras la firma del tratado de paz con el Estado de Israel en 1994, que generó un creciente distanciamiento. La tensión se agravó tras la Primavera Árabe, cuando el Estado sospechó que el grupo buscaba un cambio político estructural.
En 2020, el Tribunal de Casación jordano disolvió legalmente la organización original, permitiendo únicamente la actividad de una asociación homónima creada por exmiembros. Desde entonces, la Hermandad ha operado bajo el paraguas del Frente de Acción Islámica. Según el diputado Omar al-Ayasra, la organización ha evolucionado “hacia posturas más radicales y con vínculos con Hamas”, lo que ha generado preocupación en los servicios de seguridad. Sin embargo, fuentes cercanas a la Resistencia Palestina niegan vínculos orgánicos e incluso marcan distancias con la Hermandad Musulmana de Jordania, a la que consideran tibia en su postura sobre la causa palestina.
Algunas voces en el Parlamento jordano, como el diputado Saleh al-Armouti, denuncian que “el movimiento islámico en Jordania siempre ha apoyado la estabilidad del país” y consideran la criminalización de la Hermandad como un intento de “liquidar políticamente” a una parte relevante del tejido social. Mientras tanto, el general retirado Omar al-Raddad sostiene que los cambios internos del grupo “lo han convertido en una amenaza a la seguridad nacional”. El Gobierno asegura que no busca replicar la experiencia egipcia, sino “someter la actividad política a regulación legal y cortar cualquier conexión con organizaciones armadas extranjeras”.
