Rumanía celebra este domingo nuevas elecciones presidenciales tras la anulación del proceso anterior por parte del Tribunal Constitucional. Según informó EFE, los magistrados justificaron su decisión en base a lo que calificaron como una “influencia externa” en redes sociales, en particular una campaña en TikTok que habría beneficiado al candidato Calin Georgescu.
Las autoridades sostienen que esta operación, atribuida por diversos organismos oficiales a “intereses rusos”, habría afectado “a la integridad de la primera vuelta celebrada en noviembre”. Sin embargo, no presentaron pruebas concluyentes y Georgescu fue posteriormente inhabilitado para participar en la repetición electoral.
George Simion, líder de la formación ultranacionalista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), se perfila como el principal favorito para alcanzar la segunda vuelta, prevista para el 18 de mayo. De acuerdo con una encuesta publicada por Romania, Noi, Cetățenii y difundida por Europe Elects, Simion obtendría el 31 % de los votos, por delante del independiente Nicusor Dan (27 %) y del oficialista Crin Antonescu (21 %).
Simion, crítico con la Unión Europea y con las ayudas occidentales a Ucrania, ha sido declarado “persona non grata” en Moldavia y Ucrania por sus declaraciones territoriales. El analista Mircea Cosea declaró a EFE que “Simion parece demasiado inmaduro para esto (la presidencia), es demasiado impulsivo”.
Durante la campaña, las autoridades han reforzado los mecanismos de control sobre la publicidad electoral en redes sociales, en especial en TikTok, que cuenta con nueve millones de usuarios en el país. La Oficina Electoral Central ha exigido la retirada de contenido no etiquetado como “propaganda” y ha coordinado con plataformas para mejorar la “transparencia”.
La red social afirmó haber eliminado 27.000 cuentas falsas que promovían a Georgescu y Simion, y colabora en una campaña de “alfabetización mediática”. El Servicio de Inteligencia de Rumanía (SRI) declaró en un comunicado que vigila la actividad digital para “prevenir amenazas al orden constitucional”, sin aportar pruebas públicas sobre las acusaciones.
