El pasado 4 de abril, dos agentes de la Policía Judicial, vestidos de paisano, accedieron al Parlamento andaluz y acudieron al despacho del diputado José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, para notificarle formalmente una querella presentada por la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La denuncia se basa en unas declaraciones públicas de García en las que calificó como “racismo institucional, violencia policial y represión” la actuación de la Policía Local de Sevilla en el operativo que terminó con la muerte de Mamouth Bakhoum, un vendedor senegalés que se ahogó en el Guadalquivir tras ser perseguido por agentes municipales. La entrada de los agentes ha generado alarma institucional, y la Mesa del Parlamento acordó por unanimidad solicitar un informe jurídico sobre lo ocurrido, según recoge eldiario.es.
La querella fue presentada por el teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, y se apoya en el artículo 504.2 del Código Penal, que penaliza “las injurias contra los cuerpos y fuerzas de seguridad”. El fiscal considera que las declaraciones de García constituyen “hostigamiento verbal contra los Cuerpos Policiales” y “apoyo explícito a la violencia contra ellos”.
Añade que sus palabras “podrían ser tipificadas como delito de odio”, aunque esa imputación no figura formalmente en el escrito. Varios juristas consultados por eldiario.es, como Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, advierten que esta interpretación excede los límites habituales, señalando que el cuerpo de Policía no entra en la categoría de minoría vulnerable contemplada en este tipo penal.
La querella y su forma de notificación han reactivado el debate jurídico entre los partidos políticos sobre la inviolabilidad parlamentaria, recogida en el artículo 101.3 del Estatuto de Autonomía andaluz, que protege a los diputados por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones.
García afirma que su intervención se produjo “como parlamentario” en una concentración convocada por la comunidad senegalesa en Sevilla, en la que exigió una investigación independiente sobre la muerte de Bakhoum. En palabras del diputado, recogidas en la misma fuente, “si el chaval fallecido hubiera sido blanco y sevillano, habría una investigación abierta; si no la hay, es porque era negro y migrante, y eso se llama racismo institucional”. Adelante Andalucía ha trasladado el caso también al Congreso de los Diputados, solicitando explicaciones al Gobierno español.
