Lakua ha expresado su oposición al nuevo decreto de universidades impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que prevé endurecer los requisitos para la creación de centros privados.
En la Conferencia General de Política Universitaria celebrada este jueves en València, la consejería de Educación vasca ha señalado que la norma “altera de forma sustancial el régimen jurídico universitario” y que su aprobación “se ha hecho sin el trámite de audiencia a las comunidades autónomas”.
A este rechazo se suman las consejerías de Educación gobernadas por el Partido Popular, que consideran que la reforma “va en contra del sistema universitario en general y aplica retroactividad en ámbitos en los que es impensable”, según declaraciones recogidas por ABC.
El decreto establece que las universidades de nueva creación deberán contar con un mínimo de 4.500 estudiantes en cinco años, ofrecer grados, másteres y doctorados en al menos tres de las cinco ramas de conocimiento y disponer de un 10% de plazas de alojamiento.
Según indica ABC, estos requisitos afectarían a universidades vascas como Mondragon Unibertsitatea en Gipuzkoa y la Universidad Euneiz, en Araba.
Además, el Ministerio ha modificado el borrador para que incluso aquellas universidades que ya habían completado los trámites de apertura deban someterse a un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), lo que ha generado preocupación en el sector por “inseguridad jurídica”.
El Gobierno vasco argumenta que la reforma “invade competencias autonómicas” al atribuir a Madrid la regulación de universidades en línea y otorgar carácter vinculante a los informes de las agencias de calidad, lo que, según su criterio, “limita la capacidad legislativa de los parlamentos autonómicos”.
También cuestiona el incremento de dos a tres programas de doctorado obligatorios y el umbral de 4.500 estudiantes, señalando que “algunas de las mejores universidades del mundo tienen cifras inferiores”.
Además, el PNV sostiene que la reforma “restringe de manera inconstitucional la capacidad de las universidades para solicitar la verificación de nuevas titulaciones oficiales o su modificación sustancial”.
