La actualización salarial de más de tres millones de empleados públicos continúa pendiente por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno español no ha abonado aún el 0,5% de incremento correspondiente al año 2024, vinculado a la evolución del IPC, lo que supone una deuda de unos 1.200 millones de euros, según cálculos sindicales.
En este contexto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez que apruebe la subida por decreto, como hizo en ejercicios anteriores, y ha instado a UGT y CCOO a “coordinar movilizaciones para exigir avances”.
Paralelamente, la temporalidad en las administraciones públicas se mantiene en torno al 30%, muy por encima del límite del 8% acordado con la Unión Europea para diciembre de este año.
Según datos de la Encuesta de Población Activa (INE), la situación no ha mejorado a pesar de las ofertas de empleo lanzadas en los últimos cuatro años, que han generado más de 544.000 plazas, de las cuales cerca de un tercio siguen sin cubrirse.
El Ministerio de Función Pública ha confirmado que la Comisión Europea mantiene abiertos dos expedientes de infracción por esta causa, lo que, según El Mundo, podría desembocar en sanciones económicas.
Además, el 40% de los ayuntamientos no han comunicado al Estado sus cifras de interinidad, lo que dificulta el control del cumplimiento de los objetivos pactados.
Solo en el primer trimestre de 2025, las administraciones públicas han perdido más de 92.000 empleos, la mayor destrucción de empleo público registrada en una serie histórica.
Según advierte CSIF, más del 60% del personal tiene más de 50 años, y cerca del 30% de la plantilla de la Administración General del Estado podría jubilarse en la próxima década.
