La Casa Blanca evalúa suspender el habeas corpus en su política migratoria

El asesor principal de Trump afirma que la suspensión del derecho constitucional está “activamente en consideración” si los tribunales no respaldan las decisiones del Ejecutivo.

Imagen de archivo de un desfile policial en EEUU.
Foto: John Angel/Unsplash

La Casa Blanca está considerando suspender el habeas corpus, la garantía constitucional que protege a las personas frente a detenciones arbitrarias, como parte de su estrategia para endurecer la política migratoria, según ha declarado Stephen Miller, subjefe de gabinete y principal asesor del presidente Donald Trump en esta materia.

En un intercambio con la prensa, Miller sostuvo que “la Constitución permite la suspensión del habeas corpus en tiempos de invasión” y afirmó que “es una opción que estamos considerando de manera activa y todo depende de si las cortes hacen lo correcto o no”.

De acuerdo con información recopilada por EFE, el Gobierno estadounidense ha utilizado el argumento de una “invasión migratoria” como base legal para militarizar la frontera con México y justificar deportaciones, entre ellas la expulsión de personas migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana, hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

Este programa ha sido objeto de múltiples recursos legales interpuestos por organizaciones de derechos civiles, que han recurrido precisamente al habeas corpus para frenar expulsiones, incluyendo las de universitarios vinculados a protestas pro-palestinas.

El habeas corpus ha sido suspendido en solo cuatro ocasiones en la historia de Estados Unidos: durante la Guerra Civil, en el periodo de Reconstrucción, en Filipinas bajo administración estadounidense, y en Hawái tras el ataque a Pearl Harbor.

En uno de los casos recientes más controvertidos, el Ejecutivo se ha negado a acatar una orden de la Corte Suprema y de un tribunal inferior que solicitaban el regreso de Kilmar Ábrego García, un migrante deportado al CECOT pese a contar con estatus legal.

Stephen Miller ha calificado a los jueces federales implicados como “activistas” y los ha acusado de “promover un golpe de Estado judicial”.