Un empresario de 38 años, residente en Logroño, fue detenido el pasado 8 de mayo en Idiazabal (Gipuzkoa), y una mujer de 32 años fue arrestada en Logroño (La Rioja), en el marco de una investigación sobre explotación laboral ilegal de personas migrantes.
Según ha informado la Ertzaintza, la investigación comenzó en enero de 2025 tras la denuncia de uno de los trabajadores, quien acudió a los servicios sociales en busca de ayuda. Desde entonces se han presentado al menos otras cuatro denuncias por hechos similares, y se prevé que la cifra aumente.
El denunciante afirmó haber trabajado en la instalación de fibra óptica bajo condiciones abusivas: más de diez horas de trabajo diario sin apenas recursos para alimentarse. Declaró que los empresarios le habían prometido regularizar su situación en el Estado español y un salario mensual de hasta 4.000 euros.
Sin embargo, el detenido, que figura como administrador único de dos empresas implicadas, se quedaba con más del 75% de lo que generaban los trabajadores por cada instalación. Además, les descontaba otro 8% adicional en concepto de supuestos “gastos” derivados de su situación irregular: alojamiento, combustible y una supuesta “deuda” que habrían contraído con la empresa.
Los trabajadores explotados ilegalmente, todos ellos en situación administrativa irregular y sin estar dados de alta en la Seguridad Social, recibían tarjetas falsificadas a nombre de otras personas afiliadas.
Según la Ertzaintza, estas personas habrían sido captadas mediante falsas promesas y contratadas a través de subcontratas que prestaban servicio a empresas instaladoras vinculadas a operadoras de telecomunicaciones.
