El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este lunes la entrega de un plan migratorio al Gobierno de EEUU para que miembros del Cuerpo de Abogados Generales de la Guardia Nacional del estado actúen como jueces en procesos de deportación.
Según explicó en rueda de prensa en Tampa, la propuesta busca “agilizar el procesamiento legal de inmigración” con personal militar, y ampliar las competencias de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) para realizar redadas de forma autónoma.
DeSantis señaló que 100 agentes ya operan como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals mediante el acuerdo 287(g), que permite a cuerpos estatales ejecutar órdenes federales y colaborar en deportaciones, según declaraciones recogidas por EFE.
Como ejemplo del modelo que pretende extender, DeSantis citó la Operación Marea Negra, un despliegue realizado entre el 21 y el 26 de abril que resultó en el arresto de 1.120 personas migrantes en Florida.
Según el gobernador, en esta operación participaron siete agencias locales junto al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con resultados que calificó como “récord”.
En sus palabras, los agentes de la FHP pueden “detener a ilegales, y pueden hacer todo lo que un agente de inmigración haría hasta el punto en el que los procesan para su deportación”. Además, el plan presentado al Ejecutivo contempla la creación de nuevos centros de detención migratoria en el estado.
Florida, donde uno de cada cinco residentes es inmigrante y más de 5 millones de personas nacieron en el extranjero según el American Immigration Council, ha impulsado en los últimos años una legislación estatal que prohíbe las “ciudades santuario”.
Estas leyes prevén sanciones de hasta 5.000 dólares y la destitución de funcionarios que no colaboren con las autoridades migratorias. Desde entonces, más de 100 agencias públicas y la totalidad de los condados del estado han firmado acuerdos 287(g), entre ellos los municipios de Coral Gables, Hialeah, Miami Springs, West Miami, Key West, Orlando y Doral.
La propuesta aún requiere aprobación federal y la competencia de la FHP en materia migratoria depende de acuerdos específicos con el Gobierno de EEUU.
