El próximo martes 20 de mayo, el Pleno del Congreso de los Diputados someterá a votación la toma en consideración de una Proposición de Ley destinada a reformar la Ley 53/2007, de control del comercio exterior de material militar.
La propuesta, registrada el 11 de julio de 2024, pretende introducir la figura del embargo de armas y aplicarlo específicamente al Estado de Israel.
La Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), impulsora de la iniciativa, subraya que la tramitación ha estado paralizada más de diez meses pese a que el genocidio y las masacres en Palestina no han cesado durante todo este tiempo, según declara en una nota de prensa difundida el 14 de mayo.
Organizaciones sociales han presionado durante meses para reactivar el proceso legislativo. El pasado 10 de mayo, más de 50.000 personas se manifestaron en Madrid en una movilización convocada por RESCOP, en la que se exigió el cese inmediato del comercio de armas con Israel y la ruptura de relaciones bilaterales.
La campaña Fin al comercio de armas con Israel, formada por más de 600 entidades, afirma que la Proposición de Ley introduce “mecanismos de control y transparencia para proteger la paz y los Derechos Humanos en cualquier rincón del mundo”. En palabras de sus portavoces: “Pedimos a todos los grupos parlamentarios que estén a la altura del momento histórico y voten a favor”.
Desde la campaña también se insiste en la necesidad de que el Gobierno español apruebe un embargo integral de armas por vía ejecutiva, sin esperar a la tramitación parlamentaria. “Esta decisión es solo cuestión de voluntad política”, afirman.
Según los datos aportados por RESCOP, España ha adjudicado más de 1.041 millones de euros a empresas armamentísticas israelíes y mantiene al menos nueve contratos pendientes de formalización.
La organización denuncia además el tránsito de armamento con destino a la Palestina ocupada por el Estado de Israel a través de puertos y aeropuertos españoles.
La nota concluye recordando que el Estado español está obligado, en virtud del Derecho Internacional, a no colaborar con el genocidio, el apartheid y la ocupación ilegal de Palestina, citando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y la Corte Penal Internacional.
