Izquierda Unida y Podemos mantienen posturas divergentes respecto a la reedición de la coalición Por Andalucía de cara a las elecciones autonómicas de 2026, con el fracaso electoral de la izquierda portuguesa como telón de fondo.
Según recoge El Confidencial, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que “se va clarificando quién quiere unidad y quién busca excusas”, en referencia a las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha condicionado la posibilidad de una candidatura conjunta a que IU y Sumar abandonen el Gobierno central, al que califica como Gobierno de la guerra.
Maíllo ha defendido “el compromiso de IU con la unidad” y ha recordado que su formación “no va a seguir la hoja de ruta marcada por Podemos”.
Desde Podemos, la dirección estatal ha trasladado la responsabilidad de una posible alianza a IU y Sumar, argumentando que “quien tiene que tomar una decisión no es Podemos, son las fuerzas políticas que están formando parte de un Gobierno de la guerra”.
Fuentes del partido recogidas por la prensa española insisten en que “no exigen expresamente la salida del Ejecutivo”, pero consideran que “no pueden compartir candidatura con formaciones que apoyan el rumbo actual del Consejo de Ministros”.
Por su parte, la dirección autonómica de Podemos en Andalucía ha expresado que, “a día de hoy, apostamos por la continuidad”, aunque reclama que las incógnitas se despejen “lo antes posible, pero sin prisa”.
Sumar e IU han reiterado su voluntad de reeditar la coalición en Andalucía, pero las bases políticas de un hipotético acuerdo de coalición siguen siendo un interrogante, mientras varios observadores consideran que la posición de Podemos sigue condicionada a la situación en el Gobierno central.
El grupo parlamentario Por Andalucía, integrado por IU, Sumar, Podemos y otras formaciones, mantiene la coordinación en el Parlamento autonómico, aunque las tensiones estatales dificultan los acuerdos de cara a futuros comicios.
Las negociaciones continúan abiertas y el desenlace dependerá de las decisiones que adopten las direcciones estatales de los partidos implicados.
