La abogada salvadoreña Ruth Eleonora López, de 47 años, fue detenida el domingo en El Salvador, según confirmó la Fiscalía General de El Salvador a través de sus redes sociales.
López, directora jurídica de la organización Cristosal y crítica de la política de “seguridad” del presidente Nayib Bukele, está acusada de “malversación de fondos públicos” durante su paso por el Tribunal Supremo Electoral hace más de una década.
Según un comunicado de Cristosal, “ni su familia ni su equipo legal ha logrado conocer su paradero”, lo que la organización recuerda que representa una violación flagrante de las garantías procesales.
López ha sido una figura destacada en la defensa de los derechos humanos y del Estado de derecho en El Salvador, y ha representado legalmente a más de 250 personas deportadas desde los Estados Unidos de América, especialmente a venezolanos trasladados al país durante el gobierno de Donald Trump.
En marzo, la administración Trump utilizó poderes excepcionales de guerra para enviar a decenas de venezolanos a El Salvador sin juicio, alegando “supuestos vínculos con el grupo Tren de Aragua”, acusaciones que sus abogados niegan y que no han sido probadas; ni siquiera han presentado cargos.
Cristosal también ha asistido a familias salvadoreñas afectadas por las detenciones masivas impulsadas por el Ejecutivo de Bukele. Según Al Jazeera, López ha criticado públicamente estas políticas por encarcelar a miles de personas sin cargos formales.
La detención ha generado una respuesta internacional. Más de una docena de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, firman una declaración conjunta exigiendo su liberación inmediata.
El documento afirma que “el estado de excepción en El Salvador no solo se ha utilizado para abordar la violencia de pandillas, sino también como herramienta para silenciar voces críticas”.
La organización Cristosal informó además que en abril la policía ingresó sin orden a sus oficinas durante una rueda de prensa, en lo que considera parte de una clara campaña de hostigamiento e intimidación contra organizaciones civiles y la prensa crítica con el Gobierno.
