El Banco de España ha señalado en su informe anual, presentado este martes, que la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes para uso vacacional, ricos europeos en su inmensa mayoría, está intensificando el problema de acceso a la vivienda en el Estado español.
Según los economistas del regulador, estas compras alcanzaron el 8,4% del total de transacciones en 2024, con especial incidencia en destinos turísticos como las islas y el litoral mediterráneo, donde la presión sobre los precios es aún mayor.
Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, ha declarado que “es un reto social, pero también un reto económico”, y ha advertido que la vivienda se ha convertido en “un cuello de botella para la actividad y el mercado laboral”.
El informe detalla que, desde 2022, las adquisiciones de vivienda por “no residentes” se sitúan en torno a las 60.000 unidades anuales, y que el número de casas en manos de “extranjeros no residentes” supera el medio millón, lo que representa el 2% del parque total.
Esta proporción se eleva hasta el 11% en la provincia de Alacant y al 8,5% en la de Málaga. Además, el Banco de España estima que el déficit de vivienda alcanzó las 80.000 unidades en 2024, acumulando un desfase de hasta 600.000 casas entre la oferta y la demanda.
El regulador también destaca que “el alquiler turístico añade presión en zonas turísticas y grandes ciudades”, con un incremento de 50.000 viviendas turísticas respecto al año anterior.
El informe reitera que el acceso a la vivienda es especialmente difícil para los jóvenes, quienes, pese a una relativa “mejora” reciente en sus salarios, afrontan precios de compra y alquiler que han crecido el doble que sus sueldos, lo que neutraliza “mejora” nominal.
La tasa de empleo entre menores de 30 años es del 43,2%, con una tasa de paro del 20,2% y una parcialidad del 25,3%. El Banco de España concluye que “un crecimiento de la demanda de vivienda mayor que el de la oferta sostiene el incremento de los precios inmobiliarios y amplía el déficit de oferta de viviendas en venta y en alquiler”.
El Ministerio de Vivienda ha respaldado el diagnóstico del regulador y ha defendido “la necesidad de actuar contra los alojamientos turísticos ilegales”, mientras en el Congreso de los Diputados se ha desbloqueado la tramitación de la ley para regular los alquileres de temporada.
