El Gobierno del expresidente Donald Trump presentó este martes una solicitud ante un tribunal federal de California para revocar de forma definitiva el Acuerdo Flores, un pacto legal que desde 1997 obliga a las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América a garantizar ciertos derechos básicos a los menores de edad detenidos.
El documento judicial, citado por la agencia EFE, alega que el acuerdo “impone la voluntad del poder judicial sobre el Ejecutivo” y “dificulta la aplicación de las políticas migratorias diseñadas por el Gobierno”.
Entre otras disposiciones, Flores establece que “los menores deben ser liberados rápidamente a familiares o tutores legales y mantenidos en centros con licencia específica para cuidado infantil”.
Según el recurso presentado por el Ejecutivo republicano, las condiciones en los centros de detención “han mejorado sustancialmente” desde que se firmó el acuerdo, por lo que consideran que “ya no es necesario su cumplimiento”.
La Casa Blanca argumenta también que la vigencia de Flores ha “cambiado el panorama migratorio” al reducir “elementos disuasorios” para la entrada irregular de familias.
El intento actual de eliminar estas protecciones no es nuevo: ya en su primer mandato (2017–2021), Trump intentó modificar el acuerdo, sin éxito, tras una decisión contraria de un tribunal de apelaciones. Una iniciativa similar fue promovida en 2014 por la Administración demócrata de Barack Obama.
El Acuerdo Flores debe su nombre a Jenny Flores, una adolescente salvadoreña que en 1985 fue detenida tras cruzar la frontera y permaneció encerrada durante meses sin acceso a educación, recreación ni apoyo legal, según consta en el caso judicial.
La demanda fue promovida por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de defensa de los derechos civiles.
Desde entonces, el acuerdo ha servido de base legal para supervisar el trato a niños migrantes, tanto acompañados como no acompañados, en centros federales de detención.
