Desde el inicio del genocidio a gran escala en Gaza, el Tribunal Supremo de Israel ha rechazado intervenir en las principales denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas por organizaciones civiles, según un análisis publicado esta semana y documentos judiciales consultados por el diario sionista liberal Haaretz.
Entre las peticiones desestimadas destaca la solicitud de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel para que el Comité Internacional de la Cruz Roja pudiera visitar las cárceles israelíes, que lleva más de un año sin resolverse tras 18 prórrogas concedidas al Estado sionista.
Durante este periodo, la Corte ha avalado medidas como la retención de ayuda humanitaria, la suspensión de atención médica, la denegación de acceso de la prensa internacional a Gaza y la destrucción de infraestructuras civiles.
El propio primer ministro, Benjamín Netanyahu, reconoció esta semana que la entrada de alimentos será “mínima, ayuda básica, porque nos acercamos rápidamente a la línea roja”, mientras el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó que “lo que entre será lo mínimo de lo mínimo” y que el objetivo es desplazar forzosamente a la mayoría de la población gazatí fuera del enclave.
Según testimonios recogidos por ONG como Gisha y Physicians for Human Rights, la Corte Suprema ha rechazado o demorado todas las peticiones relacionadas con la protección de civiles, la entrada de ayuda, la supervisión internacional y el trato a los prisioneros palestinos.
Entre los casos más graves figura el rechazo a una petición urgente para permitir el paso libre de ayuda humanitaria, dictada en marzo de 2025, cuando ya se había cerrado el acceso a Gaza y se multiplicaban los informes de malnutrición.
Los jueces aceptaron el argumento del Estado de que “no existe una restricción real a la entrada de alimentos”, pese a que la situación sobre el terreno había cambiado radicalmente.
Juristas y activistas denuncian que la Corte ha dejado de ser un contrapeso efectivo y que, en palabras de Osnat Cohen-Lifshitz, directora legal de Gisha, “la fortaleza ya ha caído” en materia de derechos humanos para la población palestina; considerando que alguna vez la hubiera.
