La jueza federal Allison D. Burroughs emitió este viernes una orden de restricción temporal que bloquea la decisión de la Administración Trump de cancelar el permiso de la Universidad de Harvard para matricular estudiantes extranjeros, que representan una cuarta parte de su alumnado.
La medida responde a una moción presentada por la universidad para evitar, según la jueza, un “daño inmediato e irreparable” en caso de que la orden gubernamental se aplicara antes de una revisión judicial. Burroughs ha fijado una audiencia para el 27 de mayo, en la que deberán comparecer representantes de ambas partes, y la suspensión estará vigente al menos hasta esa fecha.
El Gobierno de Donald Trump comunicó ayer a Harvard, mediante una carta firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la revocación del programa que permitía la inscripción de estudiantes y visitantes extranjeros.
Además, exigió a los alumnos internacionales actualmente matriculados “que se trasladen a otras instituciones”, bajo la amenaza de perder su estatus migratorio.
Ante esta decisión, Harvard interpuso una demanda, argumentando que la certificación para acoger a extranjeros es “esencial” para que estos permanezcan legalmente en el país y denunciando que la revocación ha “desbaratado innumerables programas académicos, laboratorios de investigación y clínicas y cursos”.
Esta acción judicial se suma a la demanda presentada por Harvard en abril para recuperar los 2.600 millones de dólares de financiación federal congelados por el Gobierno, que acusa a la universidad de supuestas “conductas antisemitas”.
Según la institución, la retirada de fondos y la revocación del permiso para extranjeros forman parte de una ofensiva del Ejecutivo republicano, que ha amenazado la financiación de varias universidades a raíz de informes del Grupo de trabajo federal para “combatir el antisemitismo”, creado por Trump, y por la aplicación de políticas de “discriminación positiva” o la negativa a acoger lo que el Gobierno denomina como “diversidad de ideas”.
