El arresto de Ali Khan Mahmudabad, profesor y jefe del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Ashoka (India) ha provocado una ola de protestas y críticas por parte de sindicatos, académicos, partidos de la oposición y organizaciones de derechos humanos.
Mahmudabad fue detenido el 18 de mayo en Nueva Delhi tras publicar comentarios en redes sociales sobre la Operación Sindoor, la ofensiva militar india contra Pakistán iniciada el 7 de mayo, después de que el gobierno acusara a Islamabad de estar detrás de un ataque en Pahalgam, Cachemira, que dejó 26 muertos, en su mayoría turistas.
La detención se produjo tras denuncias de líderes del partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) y de la Comisión Estatal de la Mujer de Haryana, quienes consideraron que los mensajes de Mahmudabad eran “sediciosos” y “atentaban contra la soberanía nacional”, además de “incitar al odio entre comunidades por motivos religiosos y de género”.
El profesor fue enviado a prisión preventiva durante 14 días por un tribunal local, aunque la Corte Suprema de India le concedió la libertad bajo fianza el 21 de mayo.
Sin embargo, el máximo tribunal no suspendió la investigación y prohibió a Mahmudabad publicar contenidos o realizar declaraciones públicas sobre los hechos mientras dure el proceso judicial.
El caso ha sido calificado como un intento de silenciar la disidencia por parte de la oposición y de organizaciones como Amnistía Internacional, que denuncia el uso de leyes de sedición para reprimir voces críticas en el país.
La represión se ha extendido a las redes sociales, con la orden gubernamental de cerrar unas 8.000 cuentas críticas con la Operación Sindoor y el bloqueo de medios como Maktoob Media y The Wire.
El profesor Surajit Mazumdar, presidente de la Asociación de Maestros Universitarios de Jawaharlal Nehru, afirmó que “la amenaza de arresto y persecución impide a otros ejercer sus propios derechos y alzar la voz por la justicia, además de cerrar toda discusión racional en la sociedad”.
La detención de Mahmudabad y las restricciones impuestas tras su liberación han reavivado el debate sobre la libertad de expresión y el uso de la legislación penal para limitar la crítica política en India.
