Durante la madrugada del sábado 24 de mayo, una turba de desconocidos atacó el Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) Castell de Fang en Piera (Barcelona), lanzando piedras y líquido inflamable contra el edificio.
El asalto, que ocurrió alrededor de madrugada, a las 05:00 horas, provocó daños materiales —incluyendo una ventana rota y un vehículo afectado— y un incendio en un sofá del interior, que obligó a atender a una persona por inhalación de humo.
El ataque no fue un hecho aislado, sino que se produjo tras varios días de tensión en esta localidad de 18.000 habitantes. Algunos vecinos del municipio habían acusado a los menores tutelados —bajo protección de la Generalitat— de supuestas agresiones contra jóvenes de la zona.
Sin embargo, el único incidente confirmado fue el de un joven del CRAE, mayor de edad, que resultó herido en una pelea el miércoles anterior y requirió atención médica.
El Ayuntamiento de Piera emitió un comunicado negando que los jóvenes portaran armas —a pesar de que en redes sociales circularon imágenes sugiriendo lo contrario— y condenando cualquier acto violento.
Mientras tanto, unos 200 vecinos, respaldados por partidos como de extrema derecha como Vox, se manifestaron el sábado en contra de la presencia del centro. El diputado Alberto Tarradas (Vox) participó en la protesta, evidenciando el protagonismo del partido político en la movilización.
El incidente ha intensificado la hostilidad hacia los centros de protección de menores y la estigmatización que enfrentan estos jóvenes, a raíz de los discursos reaccionarios que alimentan el odio.
Las autoridades insisten en “la necesidad de garantizar la seguridad y la convivencia”, pero el episodio vuelve a dejar en evidencia la profunda crisis que enfrenta el sistema de acogida.
