La universidad pública del Estado español afronta un nuevo curso con una presión creciente sobre sus plazas más demandadas. Según la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), la tasa de preferencia —porcentaje de plazas ofertadas que se cubrirían solo con quienes la eligen en primera opción— alcanzó el 193,4% en el curso 2023-2024, lo que significa que casi dos estudiantes compiten por cada plaza disponible.
Esta situación es especialmente crítica en grados como Medicina, donde la proporción llega a casi 11 alumnos por plaza, y en Enfermería, con cuatro aspirantes por cada matrícula.
En Informática y titulaciones relacionadas con inteligencia artificial o ingeniería multimedia, la competencia es también de dos estudiantes por plaza. En total, las universidades públicas presenciales ofrecieron 245.956 plazas para 2.665 titulaciones, frente a unas 475.500 preinscripciones, según datos recogidos por EFE.
La ministra de Universidades, Diana Morant, ha señalado la infrafinanciación de muchas universidades públicas por parte de los gobiernos autonómicos como uno de los factores que impide ampliar la oferta de plazas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima el coste medio de una plaza universitaria en unos 9.000 euros por estudiante y año, aunque en el Estado español la cifra se sitúa cerca de los 13.700 euros, y en grados como Medicina el coste es aún mayor debido a las prácticas hospitalarias y la limitación de plazas de especialización.
Un estudio de Funcas, realizado por economistas del Banco de España, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos, destaca que la creación de nuevas plazas requiere “grandes inversiones en infraestructuras y personal”, además de un proceso de verificación que puede durar hasta dos años.
Expertos como Ismael Sanz, investigador de Funcas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, estiman que serían necesarias 15.000 plazas públicas adicionales cada año en carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para “responder a la demanda y mejorar la inserción laboral de los egresados”.
Montserrat Álvarez, del gabinete técnico de la Fundación CYD, subraya la correlación entre la demanda de titulaciones y los salarios esperados, y ambos coinciden en que la planificación universitaria “debería tener en cuenta la empleabilidad y las cotizaciones de los titulados”.
