El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha admitido a trámite la reclamación colectiva presentada por ATD Cuarto Mundo contra el Gobierno español por la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobada hace cinco años.
La demanda cuestiona la compatibilidad de la ley con varios artículos de la Carta Social Europea, poniendo el foco en los cobros indebidos que miles de personas han recibido años después de percibir la prestación, lo que ha generado deudas no prescriptibles y graves consecuencias económicas y sociales para las familias afectadas.
Según declaraciones recogidas por El Salto del abogado de ATD Cuarto Mundo, José Luis Rois, “no es que tenga que devolver un mes o dos meses, sino que se la suspenden y todo lo que haya cobrado lo tiene que devolver”.
Crítica al triunfalismo gubernamental
ATD Cuarto Mundo ha atendido a cientos de personas afectadas y considera que el sistema actual “pone a los más vulnerables contra las cuerdas”, además de tener un alcance limitado en la reducción de la pobreza.
Aunque solicitaron “medidas cautelares” para frenar los reintegros, el Comité europeo decidió no adoptarlas “por falta de datos suficientes que demuestren la gravedad y extensión del problema”.
El Comité ha abierto un plazo para que el Gobierno español y organizaciones sociales presenten alegaciones hasta el 14 de agosto. Mientras tanto, la organización valora la admisión como “un éxito de la movilización social” y critica la campaña triunfalista del Gobierno en el quinto aniversario de la ley.
El abogado Rois recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que estos cobros indebidos no se deben a fraude sino a “la incompetencia de la administración”, que no ha tenido en cuenta datos que posee.
ATD Cuarto Mundo advierte que esta reclamación es “solo el primer paso” y que esperan que el Comité europeo “emita una sentencia que pueda obligar al Estado a reformar la ley, apelando a que el cambio debe poner en el centro la lucha contra la pobreza y no contra las personas que la padecen”.
