La noche del 8 de junio, seis hombres encapuchados, armados con palanquetas y cuchillos, irrumpieron en un bloque de pisos en la calle Llenguadoc, en el barrio barcelonés de Sant Andreu. Según relatan las víctimas, los agresores golpearon a dos residentes y dejaron una nota con un teléfono de contacto, instando a negociar el desalojo con la propiedad. Desde entonces, el vecindario ha recibido amenazas telefónicas constantes, algunas de ellas con advertencias explícitas de violencia extrema: “No somos una empresa de desokupación de broma, somos delincuentes”, llegó a decir uno de los extorsionadores, que se identificó como “Álex”, según relata La Directa.
Las presiones comenzaron en abril, cuando el inmueble fue adquirido por un empresario que, a través de intermediarios, advirtió que emplearía “métodos menos amables” para expulsar a los residentes. En el edificio conviven unas cincuenta personas, entre ellas familias, migrantes, activistas y personas en situación precaria, que resisten desde 2017 a intentos de desahucio tanto judiciales como extrajudiciales.
El grupo violento, con conexiones con organizaciones de fascistas y ultras del fútbol como Frente Bokerón y Boixos Nois, ha alternado amenazas directas (“Si no os vais, vengo y me lío a tiros”) con ofertas de dinero para quienes acepten abandonar la vivienda. A través de audios y mensajes, han llegado a ofrecer entre 500 y 1.000 euros por persona, pero siempre bajo la sombra de la coacción y la intimidación.
En las últimas semanas, el vecindario convive con la vigilancia de personas ajenas al bloque y la presencia constante de amenazas. El propio “Álex” llegó a advertir que, si no se aceptan las condiciones, podrían presentarse con “cincuenta, cien o ciento cincuenta hombres” para forzar el desalojo, y remitió a los inquilinos a negociar con un conocido abogado, vinculado al Partido Popular, que actuaría como enlace entre la propiedad y los grupos de desalojo.
Mientras tanto, la comunidad resiste bajo presión y denuncia la impunidad con la que actúan estos grupos, que recurren a la violencia y la extorsión para ejecutar desahucios extrajudiciales, en un contexto de vulnerabilidad y falta de protección para quienes defienden su derecho a la vivienda.
