El retraso forzado en la incorporación de la juventud al trabajo, marcado por la precariedad, la temporalidad y el paro estructural, amenaza con hacer inviable una jubilación tradicional para las próximas generaciones. Así lo muestra un informe de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que advierte de que la tasa de empleo entre los 16 y 29 años ha caído hasta el 43,2%. Esto significa que, si no se revierte la situación, miles de jóvenes llegarán a la edad de jubilación habiendo cotizado apenas 30 años, lo que les obligaría a trabajar hasta los 71 años para no ver recortada drásticamente su pensión.
La última reforma de las pensiones, lejos de garantizar derechos, endurece aún más el acceso a una pensión completa: en 2027, la edad ordinaria de jubilación será de 67 años y se exigirán 37 años cotizados para cobrar el 100%. Si no se alcanza ese periodo, la pensión se reduce automáticamente. Además, la llamada tasa de reemplazo —la relación entre la primera pensión y el último salario— sigue cayendo y se sitúa ya en el 75,3%, y podría bajar mucho más si se aplican nuevas medidas, como ampliar el cálculo a 35 años o exigir 40 años cotizados, siguiendo recetas impuestas en otros países europeos.
El informe pone de manifiesto que, bajo el actual modelo, la juventud trabajadora está condenada a asumir más años de vida laboral, mayor explotación y una vejez empobrecida, salvo que disponga de ahorros privados, algo inalcanzable para la mayoría. Los autores consideran que la única alternativa para no perder derechos es “retrasar la jubilación”, perpetuando así la desigualdad y el castigo a quienes más han sufrido la precariedad y la desprotección social durante la juventud.
