Una investigación publicada por la Fundación porCausa y el diario Público reveló en 2020 que, entre 2014 y 2019, el Gobierno español adjudicó al menos 660 millones de euros en contratos públicos vinculados al control migratorio. De ese total, el 64,8 % fue a parar a solo diez empresas, entre ellas Babcock, ACS, Indra, Eulen, Repsol, Telefónica, El Corte Inglés, Ferrovial y Airbus. En total, estas compañías acumulan más de un centenar de casos documentados de puertas giratorias con ex altos cargos públicos, principalmente de los partidos PP y PSOE.
El informe señala que los servicios adjudicados abarcan desde vigilancia aérea y marítima hasta la gestión de centros de internamiento, mantenimiento de vallas fronterizas o suministro de tecnología de reconocimiento facial. Babcock Mission Critical, por ejemplo, fue la adjudicataria única de un contrato de 217,8 millones de euros en 2018 para operar los medios aéreos de Salvamento Marítimo.
ACS, presidida por Florentino Pérez, obtuvo contratos por al menos 44 millones de euros, incluyendo reparaciones en las vallas de Ceuta y Melilla. Indra, por su parte, recibió 26,6 millones de euros en 40 contratos, muchos de ellos sin concurso público, para equipamientos del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).
La investigación también documenta deficiencias en la prestación de servicios y posibles irregularidades en los procesos de adjudicación. Algunos contratos se otorgaron sin licitación abierta, mediante procedimientos negociados o por importes que rozaban el límite legal para evitar concurso.
Eulen, con 45 contratos, figuró en causas judiciales como Tosca y Ópera por presuntos fraudes en Melilla. Además, varias compañías implicadas se negaron a responder a las preguntas formuladas por los autores de la investigación, incluyendo el Ministerio del Interior, Defensa, Inclusión y empresas como Indra, ACS, Telefónica o Repsol.
El presupuesto crece, el negocio también
Entre 2020 y 2025, el presupuesto del Estado español destinado al control migratorio ha crecido de forma sostenida, impulsado por el refuerzo de políticas estatales y europeas, como la renovación del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras (IBMF), que asignó 6.240 millones de euros a nivel europeo para 2021-2027, y el aumento de partidas del Ministerio del Interior y de Inclusión para vigilancia, centros de internamiento y programas de reasentamiento (por ejemplo, 1,8 millones de euros en 2025 para un solo proyecto).
