El 70% de la población migrante en el Estado español reside en régimen de alquiler, frente al 14% de los hogares con nacionalidad española, según el informe El precio del prejuicio. Inmigración y vivienda de alquiler, elaborado por Pablo Pérez Ruiz y Jaime Palomera y publicado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). El estudio, citado por El Salto Diario, indica que “la condición migratoria es el principal factor que determina el acceso a la vivienda en alquiler”, por encima de la edad o la situación laboral. En ciudades como Madrid y Barcelona, más de un tercio de los inquilinos son de origen migrante, aunque solo representan el 18% de la población total.
El informe del IDRA documenta que las personas migrantes viven en condiciones más precarias: solo el 13,6% puede permitirse una vivienda independiente y el 31% recurre al alquiler de habitaciones. El 53% reside en viviendas con más de tres convivientes y el 41% en hogares con más personas que habitaciones.
Además, la mitad de los inquilinos migrantes reporta más de cuatro deficiencias graves en sus viviendas, frente a un tercio de los españoles. El estudio también señala que casi la mitad de los migrantes ha sufrido algún tipo de abuso por parte de arrendadores, y que el 10% carece de contrato formal de alquiler.
En términos económicos, la clase obrera migrante dedica una mayor proporción de sus ingresos al alquiler y suministros: el 42,8% en Madrid y el 45,6% en Barcelona, frente al 37,5% y 36,9% de los españoles, respectivamente.
El informe subraya que, a pesar de pagar precios similares o superiores, los migrantes acceden a viviendas de menor calidad. El IDRA concluye que el problema del acceso a la vivienda no radica en la migración y que culpar a la población migrante “desvía la atención de las verdaderas causas estructurales de la crisis habitacional”.
