La ciudad de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid) se ha convertido en las últimas semanas en catalizador de incidentes racistas y xenófobos. Tras la detención de un residente del Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) acusado de cometer una agresión sexual, se sucedieron protestas vecinales que derivaron en altercados, pintadas racistas y la aparición de simbología nazi en el centro, con mensajes como “Negros al cementerio” acompañados de esvásticas.
Las protestas, algunas no autorizadas, han congregado a cientos de personas y han desembocado en enfrentamientos con la policía y arrestos. El edificio permanece bajo custodia policial y la tensión se ha trasladado al debate político estatal, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid sobre la gestión migratoria y la responsabilidad en el aumento de la crispación social.
Además, la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, ha anunciado que solicitará el cierre formal del CAED en el siguiente Pleno municipal del 15 de julio.
Informes recientes de organismos como el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) y de varias organizaciones sociales alertan de un preocupante aumento de la discriminación por origen racial o étnico en el Estado español.
El auge de discursos de odio contra los inmigrantes, especialmente tras hechos delictivos, ha sido identificado como un factor clave detrás del incremento de manifestaciones racistas y xenófobas en el espacio público. El informe anual de Red Acoge documenta cientos de casos de discriminación, tanto individuales como colectivos, desde denegación de acceso a servicios hasta agresiones y amenazas.
La proliferación de controles policiales por perfil étnico, las campañas de criminalización mediática y la impotencia y/o connivencia institucional agravan la situación, según denuncian más de 210 organizaciones antirracistas.
Estas entidades reclaman medidas urgentes para frenar la impunidad del racismo y proteger los derechos de la población migrante y racializada, especialmente en contextos de alta tensión como el vivido en Alcalá de Henares.
Mientras tanto, la fascistización social sigue en aumento, con el riesgo de que los incidentes racistas se normalicen y se conviertan en una amenaza estructural añadida para la clase obrera en el Estado español.
