El Ayuntamiento de Barcelona está tramitando una nueva regulación que prohibiría de facto la práctica conocida como “tomar la fresca”, es decir, sentarse en portales, aceras o puertas de casa para charlar y socializar durante las noches. Esta costumbre, muy arraigada en la cultura popular del Estado español, especialmente en barrios obreros y pueblos, quedaría prohibida bajo la amenaza de multas que pueden alcanzar los 500 euros.
La medida forma parte de la nueva “Ordenanza de Civismo” actualizada, que busca “regular el uso del espacio público para mejorar la convivencia y reducir molestias vecinales”. El borrador de la ordenanza detalla la prohibición de “ocupar la vía pública con objetos (sillas, mesas, etc.) sin autorización, salvo en terrazas de bares y restaurantes con licencia”.
Además, impediría utilizar mobiliario urbano “de forma indebida” y establece sanciones para “comportamientos que generen molestias, ruidos o alteren el descanso”, especialmente en horario nocturno (de 22:00 a 8:00). Sanciona también “conductas que dificulten el paso, la limpieza o el uso normal del espacio público”. Según el artículo 7.1, sentarse en una acera o portal podría interpretarse como “una obstrucción”, especialmente en aceras estrechas. La aplicación práctica de ello, como viene siendo habitual, dependerá de la interpretación de la Guardia Urbana.
Este paquete de medidas impopulares ha generado un amplio rechazo social, ya que muchos vecinos recuerdan que “tomar la fresca” representa una forma tradicional de vida comunitaria y un espacio de encuentro intergeneracional difícil de sustituir.
Además, la norma no solo afecta a esta costumbre, sino que también restringe otras prácticas en espacios públicos, como las barbacoas en balcones y terrazas o el consumo de alcohol en la calle, medidas que han sido igualmente polémicas.
Organizaciones vecinales, culturales y asociaciones han denunciado que la prohibición criminaliza una tradición popular y fomenta la privatización del espacio público, mientras que el Ayuntamiento defiende que la regulación “es necesaria para garantizar el descanso y la seguridad de todos los ciudadanos”.
La polémica está servida en Barcelona, donde la tensión entre la preservación de las tradiciones obreras y la gestión capitalista del entorno urbano vuelve a abrir un debate sobre la disputa social sobre el espacio público.
