El 20 de junio desalojaron ilegalmente a Sadaha y a su hijo en el Casco Viejo de Iruñea (Nafarroa), y las instituciones públicas todavía no les han garantizado una alternativa habitacional adecuada. Los servicios municipales de Iruñea solo les ofrecieron estar provisionalmente en una habitación de hotel, aunque Sadaha les explicó en varias ocasiones que allí no se puede vivir en familia. Sin embargo, tuvieron que quedarse allí.
El 4 de julio terminó la estancia que les garantizaban los servicios sociales en el hotel, y aún no les han propuesto una alternativa real de vivienda. Así, la familia entró hace unos días en un piso vacío propiedad del Ayuntamiento para poder vivir allí. “Esta es mi casa ahora”, dijo Sadaha: “Junto con el Sindicato de Vivienda lucharemos para quedarnos aquí”.
“El sindicato destacó que Sadaha ha decidido no quedarse bajo el chantaje de las instituciones y las miserables alternativas que conoce de primera mano”. Recordaron que en Iruñerria hay miles de viviendas vacías, incluidas las de propiedad pública, “pero están secuestradas por la lógica del beneficio económico”. “No es aceptable que se niegue el acceso a la vivienda a la gente”, añadieron; y, ante ello, asumieron el compromiso de defender la vivienda de Sadaha y su hijo.
Dos desahucios ilegales en una semana
El desalojo de Sadaha y su hijo estaba previsto para el 19 de junio, pero “mediante la movilización y la solidaridad”, el Sindicato Socialista de Vivienda logró detenerlo. Al día siguiente, el desahucio fue ejecutado por la comitiva judicial y las fuerzas policiales, sin previo aviso y sin mostrar orden judicial.
A Sadaha la llevaron primero a los servicios sociales, negándole toda ayuda del sindicato. Luego, los servicios municipales la llevaron a un hotel y la obligaron a aceptar la propuesta provisional de quedarse en una habitación, para no quedarse en la calle.
El 11 de junio también hubo otro desahucio ilegal en el Casco Viejo: una mujer llamada Ana Belén y su pareja fueron expulsados de su casa, tras haber logrado el sindicato detener el desalojo el 4 de junio. El sindicato recordó que, con estos dos desahucios ilegales en una semana, “los juzgados, la Policía y las instituciones municipales dejaron claro que están dispuestos a saltarse su propia ley para proteger la inviolable ley de la propiedad privada”.
Derechos políticos fundamentales vulnerados
Diversos colectivos de Iruñerria realizaron el 25 de junio una comparecencia frente al Ayuntamiento para denunciar que “en varios hechos recientes relacionados con el derecho a la vivienda en Iruñerria se han vulnerado sistemáticamente derechos políticos fundamentales”. Se refirieron concretamente a los desahucios del 11 y 20 de junio: “Ambos se ejecutaron sin respetar las mínimas garantías legales que cualquiera debería tener”.