Desde el año 2012, en pleno auge de la crisis de los desahucios hipotecarios, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y otras organizaciones policiales anunciaron públicamente que respaldarían legal y políticamente a los agentes que alegaran objeción de conciencia para no participar en desalojos forzosos de familias vulnerables. Este respaldo incluía defensa jurídica y apoyo institucional ante posibles sanciones o expedientes disciplinarios.
El SUP llegó a calificar la ejecución de desahucios como “el peor servicio” para muchos agentes, aludiendo al “fuerte impacto emocional y social” que supondría para estos desalojar a familias enteras de sus viviendas, a menudo con menores. Ante esto, la propuesta de las organizaciones policiales buscaba abrir la puerta a que los policías pudieran negarse a cumplir estas órdenes judiciales si les generaban algún conflicto moral insuperable.
Desde entonces, en el Estado español se han ejecutado al menos 700.000 desahucios, según datos registrados por el Consejo General del Poder Judicial. En todo este tiempo, ningún agente de la Policía Nacional española ni de la Guardia Civil ha presentado objeción de conciencia para negarse a participar en estos desahucios.
La ley obliga a los cuerpos policiales a ejecutar las resoluciones judiciales, y la objeción de conciencia en este ámbito sigue siendo un derecho teórico, sin precedentes y sin jurisprudencia en la historia reciente, porque los agentes siguen sin ejercerlo.
Las organizaciones policiales aseguran que “han recibido consultas y muestras de malestar por parte de agentes”, pero ninguno ha dado el paso de formalizar su negativa a participar en un desahucio; como sí lo han hecho los bomberos, que han llegado a crear una organización contra los desahucios.
