La Comisión Europea ha aprobado el quinto pago del fondo de recuperación al Estado español, pero ha impuesto un recorte de 1.100 millones de euros por el incumplimiento de tres compromisos clave, según la decisión oficial publicada este lunes. El Gobierno español no ha logrado reducir la temporalidad de los empleados públicos, un problema estructural que Bruselas ya había advertido en pagos anteriores y que ahora se agrava tras dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que califican las medidas adoptadas como “insuficientes”.
Además, el Ejecutivo no ha conseguido sacar adelante el impuesto al diésel, una reforma comprometida con la “transición ecológica”, y sigue sin cumplir los objetivos de digitalización de administraciones locales y regionales, según la Comisión Europea y el Ministerio de Hacienda.
El recorte deja el desembolso en 23.000 millones de euros, pero la Comisión advierte que Moncloa solo ha cumplido 82 de los 84 hitos exigidos y que los problemas detectados podrían afectar a futuros pagos. Bruselas ha recordado que los compromisos pendientes ya habían sido validados en 2021, pero la falta de avances reales ha obligado a revisar la evaluación y suspender parte de los fondos.
El Ministerio de Hacienda ha reconocido que “la solución para desbloquear los pagos futuros pasa por modificar la Ley de Función Pública y ajustar las indemnizaciones a interinos”, una reforma que el Gobierno español aún no ha concretado.
Aún así, el presidente Pedro Sánchez ha celebrado el pago en redes sociales, pero la realidad es que su Ejecutivo acumula advertencias y recortes por parte de la Comisión Europea, que ya ha descontado fondos en dos ocasiones por incumplimientos. Según los datos oficiales, el Estado español ha recibido hasta ahora el 70% de las transferencias previstas, pero el acceso al 30% restante y a los préstamos de 84.000 millones depende de que el Gobierno resuelva los problemas señalados en la dirección que indica Bruselas.
