El impacto de los contratos fijos discontinuos en las cifras oficiales de paro en el Estado español es objeto de debate desde la reforma laboral impulsada por el Gobierno de coalición. Según datos del Ministerio de Trabajo y del SEPE, en junio de 2025 había 747.046 personas inscritas como demandantes de empleo con relación laboral, un 224% más que en 2019, cuando eran 230.528. Si estas personas se sumaran al paro registrado, la cifra total pasaría de 2,4 millones a 3,15 millones de personas, lo que supondría un incremento del 31% respecto a los datos oficiales. Antes de la pandemia, la diferencia era del 7,6%.
Este crecimiento está vinculado al uso masivo de los contratos fijos discontinuos tras la reforma laboral, que han pasado a representar el 14-15% del total de contratos, con especial peso entre menores de 30 años. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas no publican de forma desglosada cuántos fijos discontinuos están inactivos en cada momento, dificultando así la transparencia sobre la magnitud real del desempleo. El SEPE sí reconoce que la media mensual de fijos discontinuos inactivos que cobraron prestación en 2025 es de 110.000, frente a los 40.000 de 2019, aunque el número de demandantes con relación laboral es mucho mayor.
La opacidad estadística y la volatilidad de estos empleos dificultan la medición precisa de la precariedad laboral y del desempleo real, favoreciendo a generar datos de empleo con un sesgo triunfalista. Organizaciones sindicales como la Unión Sindical Obrera y analistas laborales han reclamado reiteradamente a Moncloa mayor claridad y datos desagregados sobre la situación de los fijos discontinuos inactivos, ya que su exclusión del paro registrado distorsiona la fotografía realista del mercado laboral.
