En ciudades como East Windsor, Nueva Jersey, los tradicionales puntos de reunión donde trabajadores latinos buscan empleo —esquinas, paradas de autobús y estacionamientos de comercios como Home Depot— se han ido vaciando ante el temor a redadas migratorias y deportaciones. Según denuncian activistas y trabajadores, la política migratoria impulsada por la administración Trump, especialmente las cuotas de arrestos ordenadas por Stephen Miller, ha generado un clima de terror que obliga a muchos a evitar estos lugares o incluso a quedarse en casa durante días cuando reciben alertas sobre la presencia de agentes de inmigración. La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) ha denunciado que esta situación obliga a los trabajadores a elegir entre su sustento y la posibilidad de ser detenidos.
El impacto de estas redadas no solo afecta a los jornaleros, sino también a las industrias que dependen de su fuerza de trabajo, como la construcción, la agricultura, la jardinería y el trabajo doméstico. Nadia Marín, representante de NDLON, advierte que el terror facilita prácticas abusivas por parte de contratistas, quienes a menudo roban salarios y amenazan con llamar a las autoridades migratorias si los trabajadores se quejan. Además, el cierre de estos puntos de encuentro ha repercutido en el consumo local, afectando también a restaurantes y comercios que dependen de esta comunidad.
Casos como el de un jornalero hondureño arrestado en un Home Depot por usar el baño del local ilustran el creciente clima de criminalización y discriminación que enfrentan estos trabajadores, muchos de los cuales cuentan con permisos de trabajo, pero temen ser confundidos con sus compañeros indocumentados. La situación ha provocado protestas en varias ciudades, donde comunidades y activistas exigen a empresas como Home Depot que no colaboren con las autoridades migratorias y denuncian la política de redadas racista y desahumanizadora. La intensificación de estas operaciones coincide con un aumento de denuncias sobre perfiles raciales y detenciones arbitrarias, incluso de ciudadanos estadounidenses de origen latino, según reportes de organizaciones como la ACLU.
