El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha hecho públicos los datos de su actividad correspondientes al curso 2024/2025, en los que se refleja la atención a 1.265 personas en situación crítica relacionada con la vivienda. Según los datos difundidos por la organización, 632 personas atendidas se encontraban en riesgo directo de desahucio, 159 eran familias monoparentales y 83 mujeres víctimas de violencia de género. El 74% de las personas atendidas residía en régimen de alquiler libre, mientras que el 5,3% vivía en viviendas sociales o protegidas, el 5,7% en albergues, hoteles o instalaciones caritativas y el 3% en situación de calle. El resto se reparte entre hipotecas, alquileres de locales, cesiones y ocupaciones.
El informe del Sindicato destaca que cinco de cada diez personas que acudieron a sus secciones locales lo hicieron por estar inmersas en un proceso de desahucio, mientras que tres de cada diez acudieron por problemas con el casero, como cláusulas abusivas, presiones ilegales o subidas arbitrarias del alquiler. Durante el curso, se registraron 170 casos de amenazas e intimidaciones por parte de arrendadores, seis intervenciones de empresas fascistas de desocupación y 47 cortes de suministros. El sindicato recuerda que todas estas medidas se utilizan como mecanismos de presión ilegal. El 60% de los arrendadores identificados eran pequeños propietarios, el 16% instituciones públicas y el 15% grandes propietarios, entre ellos bancos, empresas y fondos de inversión.
En cuanto a la labor realizada, el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria señala que el 55% de los casos se resolvieron mediante asesoría, mientras que más del 20% requirieron intervención y apoyo directo, como acompañamientos en juzgados o mediaciones. Solo en un número reducido de casos fue necesario iniciar procesos de denuncia pública, actividades de concienciación o presencia durante los desahucios. La organización advierte de una tendencia regresiva en derechos sociales y políticos, con una disminución de moratorias concedidas y una vulneración creciente de derechos en los procedimientos de desahucio, especialmente en ciudades como Iruñea (Nafarroa), donde denuncian desalojos sin notificación previa ni garantías judiciales mínimas. El sindicato reitera su compromiso y llama a todas las personas afectadas a acercarse a sus secciones locales para recibir apoyo y organizarse.
