La administración de Donald Trump ha intensificado su presión diplomática sobre cinco países de África Occidental —Senegal, Mauritania, Gabón, Guinea-Bissau y Liberia— para que acepten personas migrantes deportados por Estados Unidos cuyos países de origen se niegan o demoran en recibirlos.
Según documentos internos y fuentes oficiales citadas por The Wall Street Journal, la propuesta estadounidense plantea la “transferencia digna, segura y oportuna” de estas personas, muchas de las cuales no tienen vínculos directos con las naciones africanas a las que serían enviados.
La iniciativa ha sido presentada formalmente antes de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Trump y los líderes de estos países, en la que también se abordaron temas económicos y de “seguridad”. El Departamento de Estado ha dejado claro que el endurecimiento de la política migratoria es “una prioridad” y que “la cooperación” en este ámbito podría influir en las relaciones bilaterales y en “otros acuerdos de ayuda o comercio”.
Este enfoque no es nuevo en la política exterior estadounidense, pero la escala y el contexto actual lo convierten en un movimiento sin precedentes recientes. En el pasado, EE. UU. ha sancionado a países africanos que se negaron a aceptar deportados, y ha buscado acuerdos similares con naciones de América Central y otros puntos de África.
Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos para las personas migrantes expulsadas a países donde pueden carecer de protección o redes de apoyo, y donde podrían enfrentar condiciones precarias o inseguridad jurídica.
Hasta el momento, ninguno de los cinco países africanos ha confirmado públicamente la aceptación del acuerdo, y algunos gobiernos han expresado reservas en privado. La medida se enmarca en una política migratoria estadounidense cada vez más restrictiva, que busca externalizar a las personas indocumentadas y acelerar las expulsiones, incluso cuando los países de origen no cooperan.
