Más de dos meses después del apagón que dejó sin luz a la Península Ibérica entera el 28 de abril, las principales empresas eléctricas y el Gobierno español siguen sin ofrecer explicaciones claras ni asumir responsabilidades. Iberdrola ha dado un paso más allá e incluso ha presentado un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo para anular la investigación oficial promovida por el Ejecutivo, alegando que la creación del comité encargado del análisis “carece de base legal” y que “la recopilación de datos se realizó bajo un clima de coactividad”.
El recurso, elaborado por el bufete internacional Clifford Chance, sostiene que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) “no tenía competencias para formar este órgano colegiado”, “no se declaró formalmente una situación de interés para la seguridad nacional” y que “el comité no posee potestades legales para las funciones que se le atribuyen”. Además, Iberdrola acusa a Moncloa de “deslealtad” por crear “una apariencia de presión jurídica para obtener información de las empresas”, y busca invalidar el informe presentado por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el pasado 17 de junio.
Mientras tanto, la polémica sobre el origen y la gestión del apagón continúa sin resolverse. El informe gubernamental señala a una planta fotovoltaica en Badajoz —la megaplanta Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola— como el punto de inicio de una supuesta “oscilación atípica” que habría desencadenado el corte, pero la eléctrica rechaza cualquier responsabilidad y culpa a Red Eléctrica de España (REE) por una gestión “temeraria y negligente”, en particular por mantener el número más bajo del año de centrales térmicas destinadas al control de tensión.
Red Eléctrica, por su parte, defiende que actuó “conforme a los protocolos” y que la decisión de operar con una central menos “fue tomada tras consultar a expertos y aplicar medidas compensatorias”. Sin embargo, ni el Gobierno ni las compañías han ofrecido respuestas concluyentes ni han asumido responsabilidades claras, dejando a los usuarios y al sector en la incertidumbre.
Este enfrentamiento judicial y político llega después de meses de falta de transparencia y comunicación contradictoria, en un contexto donde la crisis eléctrica sigue generando desconfianza y cuestionamientos sobre la seguridad y fiabilidad del sistema energético del Estado español; uno de los más avanzados del mundo, en teoría. La investigación oficial, cuestionada por Iberdrola, que no quiere aportar pruebas al respecto, no ha logrado despejar dudas ni evitar que la polémica continúe abierta.
A día de hoy, ningún actor institucional ni empresarial ha dado explicaciones convincentes sobre las causas reales y exactas del apagón masivo, como tampoco han aportado soluciones definitivas para evitar que se repitan fallos similares, al tiempo que Iberdrola lleva la disputa a los tribunales, evidenciando la falta de consenso y coordinación en un sector crítico.
