La administración de Donald Trump ha impuesto sanciones económicas a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados a partir de 1967, en represalia por sus informes sobre los abusos cometidos por el Estado de Israel en Gaza y su respaldo a investigaciones internacionales sobre crímenes de guerra.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones este miércoles, acusando a Albanese de “llevar a cabo una campaña de guerra política y económica” contra los Estados Unidos y el Estado de Israel, y de promover la acción de la Corte Penal Internacional (CPI) contra altos cargos y empresas de ambos países. Rubio justificó la medida en un reciente informe de Albanese que identifica a decenas de compañías —incluidas estadounidenses— como cómplices de las acciones genocidas israelíes en Gaza y recomienda su procesamiento ante la CPI.
Francesca Albanese, abogada italiana y figura destacada en la denuncia de violaciones de derechos humanos en Gaza, desestimó las sanciones, calificándolas de “técnicas de intimidación mafiosa” y asegurando que continuará su labor recordando a los Estados miembros sus obligaciones teóricas para detener y castigar el genocidio. En redes sociales, reiteró “su compromiso con la justicia” y criticó a los gobiernos europeos por permitir el tránsito aéreo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la CPI.
Las sanciones podrían restringir el acceso de Albanese a EE. UU. y congelar cualquier activo que posea en el país. La medida se enmarca en una política más amplia de la administración Trump, que ya había sancionado a jueces y fiscales de la CPI tras la emisión de órdenes de arresto contra Netanyahu y miembros de su gabinete.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han condenado las sanciones, calificándolas de “afrenta vergonzosa a la justicia internacional” y pidiendo a la ONU y a los Estados miembros que “protejan la independencia de los expertos en derechos humanos”.
El Estado de Israel y EE. UU. han rechazado reiteradamente las acusaciones de genocidio y crímenes de guerra, defendiendo que el genocidio en curso en Gaza es una “respuesta legítima a los ataques de Hamas”.
