El Gobierno español y la Generalitat de Catalunya han acordado avanzar hacia un nuevo sistema singular de financiación, que contempla que la Hacienda catalana recaude y gestione la totalidad de los tributos generados en la comunidad, con “una aportación de solidaridad al resto de autonomías y el respeto al principio de ordinalidad”.
El pacto, presentado por ambas administraciones tras una Comisión Bilateral, será debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y requiere reformas legales tras el verano, según han comunicado el Ministerio de Hacienda y la Generalitat. Entre los objetivos del acuerdo, recogidos en El País y RTVE, figuran “dotar de mayor autonomía tributaria a Cataluña y ofrecer la opción a otras comunidades de asumir más competencias fiscales si así lo desean”.
El Partido Popular ha expresado su rechazo al modelo, al calificarlo de “un concierto económico como el del País Vasco y Navarra” que, en palabras del vicesecretario de Economía, Juan Bravo, “no está previsto en la Constitución”.
Bravo ha advertido que la llamada “cuota de solidaridad” incluida en el acuerdo podría “no ser ninguna aportación real” para los territorios menos favorecidos y ha insistido en que el nuevo sistema “debe debatirse con transparencia y multilateralidad, sin fórmulas bilaterales ni privilegios para ninguna comunidad”. Para el PP, la negociación singular pactada entre el PSC y ERC responde a “una compra de votos” y busca “satisfacer a partidos independentistas” más que reforzar el sistema común.
La propuesta gubernamental deberá discutirse en el Congreso de los Diputados y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde varias comunidades autónomas gobernadas por el PP—como Andalucía, Asturies o Castilla-La Mancha—ya han rechazado que Catalunya tenga “un trato exclusivo”. El vicesecretario de Economía popular advirtió que, de llegar a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo impulsará “una reforma del sistema consensuada con todas las autonomías” y en la que “no habrá confrontación, sino acuerdo general”.
