La Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, condenó el pasado miércoles a 35 años y medio de prisión a Alonso G. D., agente de la Policía Local de Ceuta, por el asesinato de su esposa, Mª Ángeles Lozano, a quien disparó con su arma oficial en el domicilio familiar en marzo de 2022. Además, la sentencia considera responsable civil subsidiaria a la Ciudad Autónoma, que tendrá que abonar 875.000 euros a los familiares de la víctima.
El jurado popular, cuyas conclusiones han sido avaladas al 100% por el tribunal, admite que el acusado se encontraba de servicio y uniformado cuando abandonó su puesto en el Mercado San José para acudir a su casa, donde asesinó a su mujer en presencia de su hija menor de edad. Según recoge El Faro de Ceuta, la sentencia señala agravantes de género y parentesco, así como la atenuante de “enfermedad mental”, y añade penas por maltrato habitual, lesiones y delitos contra la integridad moral, además de privarle de la patria potestad de su hijo y dictar una orden de alejamiento respecto a ambos hijos durante 32 años y medio.
El fallo judicial remarca la responsabilidad de la administración local, criticando la “deficiente actuación” y el “nulo control” sobre el agente —especialmente en cuanto al porte y control de armas, así como en la supervisión de la salud mental—, factores que contribuyeron al brutal feminicidio. La indemnización incluye compensaciones de 500.000 euros para su hija, 200.000 euros para su hijo, 100.000 euros para la madre de la víctima y 75.000 euros para la hermana.
La sentencia apunta también a la imposibilidad del condenado de heredar bienes de la víctima y subraya que la indemnización irá a cargo de la Ciudad Autónoma si el agente no pudiese hacer frente al pago.
El Gobierno local está estudiando presentar recurso contra el fallo, aunque reconoce “fallos en los procedimientos de control” y que la resolución incide en “la necesidad de revisar los protocolos internos para la supervisión de agentes con arma reglamentaria y antecedentes de inestabilidad mental”.
Un elefante en la habitación
El caso de Alonso G. D. es uno de los episodios de violencia policial machista más graves registrados en los últimos tiempos, lo que vuelve a poner sobre la mesa el problema endémico de la violencia machista dentro de las fuerzas policiales, un fenómeno sistémico que las instituciones siguen ocultando.
En estos momentos, en el Estado español no hay forma de saber cuántos agentes de policía han sido condenados por matar o maltratar a sus parejas, aunque las autoridades disponen de esos datos y existen claros indicios en la prensa que hacen sospechar que la incidencia de la violencia machista entre los agentes de policía y militares es muchísimo mayor que en la población en general: en los dos anteriores veranos, alrededor del 15% de los asesinatos machistas del Estado español fueron cometidos por policías, que representan el 0,3% de la población. Además, el porte de armas de fuego por parte de los agentes lo convierte lo una cuestión especialmente peligrosa para las mujeres.
